POLÍTICA

El artículo 155 rozó Canarias

Por Eva Santos (Efe)

Estos días se habla, y mucho, del artículo 155 de la Constitución ante el desafío independentista en Cataluña, pero lo cierto es que hace un cuarto de siglo ya fue objeto de debate político, a cuenta del desarme arancelario canario. Nunca se ha aplicado todavía este artículo de la Carta Magna, que da al Gobierno la facultad de suspender una autonomía, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y con mayoría absoluta del Senado.

Desde el martes, cuando Junts pel Sí y la CUP presentaron una declaración independentista en el Parlament catalán, su aplicación es una de las herramientas que podría emplear el Ejecutivo de Rajoy para garantizar la unidad del país. Aunque han pasado 26 años, a comienzos de 1989 ya planeaba la aplicación del controvertido artículo, en este caso sobre Canarias, gobernada en aquel entonces por una alianza del CDS, AP y las AIC.

Fue a raíz de la decisión del Gobierno canario de no seguir aplicando el desarme de los arbitrios insulares, lo que provocó el incumplimiento del Tratado de Adhesión a la CE y un duro enfrentamiento con la Administración central, gobernada por el PSOE. Según el Gobierno canario, el central eludía el pago a las corporaciones locales insulares de la compensación por reducir sus ingresos del arbitrio de entrada de mercancías, por el desarme arancelario.

En liza, la diferencia entre los 40.000 millones de pesetas que ofrecía el Gobierno de Felipe González para compensar a las corporaciones locales, frente a los 70.000 que reclamaba el Archipiélago. La Secretaría de Estado de Hacienda advirtió de que el Ministerio de Economía, presidido por Josep Borrell, tendría que proponer medidas que podrían pasar por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En respuesta a esa advertencia, el Gobierno canario dirigió otro escrito al central anunciando que se reservaba las acciones legales que le correspondieran ante las instancias nacionales e internacionales, en defensa de la garantía del bloque constitucional del Régimen Económico y Fiscal y el Estatuto de Autonomía. Borrell confirmó a periodistas que el Gobierno podía recurrir al Tribunal Constitucional y plantear al Senado la retirada de competencias a Canarias. El entonces secretario general del PSOE canario, Jerónimo Saavedra, tachó de “desdichadas” e “improcedentes” sus palabras.

Lo cierto es que el Consejo de Ministros se limitó a aprobar otro requerimiento al Gobierno canario instándole a cumplir la ley y, unos días después, Borrell viajó hasta las Islas, donde se llegó a un acuerdo que desactivó todas las alarmas.