Retrasos en la tramitación de los procedimientos; falta de cumplimiento de las actividades de inserción; problemas con la dotación presupuestaria; importes millonarios que deben hacerse efectivos años después; o más de 500.000 euros sin ejecutar. Este es el desolador panorama que pintó ayer en comisión parlamentaria la Audiencia de Cuentas de Canarias, en su informe de fiscalización de las ayudas enmarcadas en la Prestación Canaria de Inserción (PCI) durante el periodo 2011-2013.
En dicho informe, el órgano rector propone diversas medidas para unificar el proceso de tramitación de la citada prestación, compartido por los ayuntamientos isleños y la Consejería regional de Políticas Sociales. De igual modo, la Audiencia dejó clara la necesidad de mejorar la coordinación de los servicios sociales de ambas administraciones, al objeto de “avanzar en una mayor eficiencia”. En este contexto, el documento -presentado por el recién reelegido presidente del órgano fiscalizador, Rafael Díaz– considera “prioritario” que se ejecute la totalidad del presupuesto de la PCI, evitando que parte del crédito quede en situación de no disponibilidad por política presupuestaria. También apuesta por “simplificar el procedimiento sancionador”, de modo que sea factible su aplicación en la práctica, “salvaguardando las garantías que deban operar respecto a los perceptores”.
Por ende, la Audiencia de Cuentas aboga por la necesidad de “establecer un único plazo conjunto para la resolución de la solicitud para el ayuntamiento y la propia Consejería regional de Políticas Sociales, pues según constata el plazo de tres meses dispuesto para los consistorios “queda desvirtuado por la interrupción del mismo, al reiterar la petición de documentación al solicitante o al devolver el Plan de Atención Individual (PAI) para su modificación”.
Y es que, según manifestó Rafael Díaz, al propio órgano fiscalizador le fue “imposible verificar el grado de eficiencia y eficacia” de estas ayudas, puesto que muchos ayuntamientos no facilitan información, por lo que su trabajo fue “limitado”. En este sentido, la Audiencia señaló la posibilidad de prever en la ley que la Consejería “recobre las competencias” de los ayuntamientos en el caso de que estos no sean capaces de responder a las necesidades previstas en el programa. Junto a esta recomendación, el órgano sugirió al Gobierno que mejore la coordinación entre las administraciones implicadas, “estableciendo una metodología común”, y que dote de “más medios económicos y humanos” a los departamentos encargados de estudiar y gestionar las solicitudes.
[sws_pullquote_left]La institución insta a la Consejería a “recobrar” las competencias de los ayuntamientos[/sws_pullquote_left]
Como ha venido publicando este periódico, al menos 3.500 personas llevan casi un año esperando cobrar la ayuda que tienen reconocida. El motivo es que en abril se agotaron los 28 millones de euros previstos para cubrir todas las solicitudes y renovaciones de este año, y un mes después, en mayo, se consumieron los cuatro millones de euros extraordinarios aportados por la Consejería de Políticas Sociales.
PARTIDAS INSUFICIENTES
Según confirmaron esta misma semana desde el Ejecutivo autonómico, la Consejería de Hacienda espera que en el plazo aproximado de un mes estén concluidos todos los procedimientos burocráticos previos y obligatorios que ha de sortear la ley de crédito extraordinario, que permitirá a la PCI contar con 7,5 millones más para poder abonar parte de la deuda pendiente con miles de beneficiarios.
La falta de presupuesto para cubrir las necesidades de las personas con derecho a la Prestación Canaria de Inserción ha sido una constante desde que esta se pusiera en marcha en el año 2007. Las partidas nunca han sido suficientes para cubrir la demanda real y en los últimos cuatro años el Gobierno ha tenido que articular medidas excepcionales para pagar sus propias deudas. Los colegios de trabajadores sociales han denunciado por activa y por pasiva esta situación, pero sus demandas siempre han caído en saco roto.