Mucho se ha hablado sobre el dinero del convenio de carreteras y poco se ha sacado en claro. Con los papeles en la mano, el “déficit” generado por el Ministerio de Fomento es ficticio y queda a la interpretación política. Las cifras giran en una concretera y no sale nada concreto. Los números circulan en doble fila: casi 700 millones de euros, 755, 600 y pico… Lo cierto es que el actual acuerdo de colaboración entre la Administración General del Estado y la autonómica, firmado el 31 de enero de 2006, tras los de 1994 y 1997, no obliga a desembolsar unas cantidades fijas al año, sino “máximas” en función de la disponibilidad presupuestaria. Y de ello tiene conocimiento el Ejecutivo de Canarias, que el 17 de noviembre de 2009 suscribió, en un acto escenificado por el ministro José Blanco y el consejero Juan Ramón Hernández, una adenda que, tras evaluar los objetivos definidos, introducía modificaciones de crédito sin alteración del importe global de los fondos de Fomento. La primera piedra la habían colocado, tres años antes, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el consejero canario de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro. El Gobierno de la nación -presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero- se comprometió a invertir 2.437 millones de euros (2.149 millones para obras y 288 para expropiaciones) en la red de carreteras del Archipiélago en el periodo comprendido entre 2006 y el 31 de diciembre de 2017. El contrato incluía 60 actuaciones. De ellas, 12 fueron programadas en 1997 y ya entonces estaban en ejecución: se dotaron con 290,22 millones. En un segundo bloque se recogían 28 obras con un coste previsto de 1.858,78 millones. En el tercer grupo entraban 20 proyectos susceptibles de planificarse con posterioridad al vigente convenio y de sustituir a otra del segundo apartado. Aparentemente, todo marchaba sobre ruedas hasta que Mariano Rajoy aparcó su coche oficial en el garaje de La Moncloa. Eso es lo que el PSOE y CC echan en cara al PP. Aunque el primer “incumplimiento” se remontaría a 2010, lo justifican en que “fue de modo consensuado y se reajustaron las cantidades que quedaron para entregarse más adelante”.
El entorno de Paulino Rivero repetía como un mantra que la ficha financiera era atropellada sistemáticamente desde 2012: “Llegaron 68,57 millones de euros, cuando se esperaban 20. En los siguientes, el Ministerio de Fomento pagó 54,19 millones de euros en vez de los 20 de 2013; los 225 millones de euros en 2014, y los 220,5 de 2015”. La Audiencia Nacional desmontó el andamio de la reclamación de las anualidades de 2012 y 2013 con el argumento de que la ley de los presupuestos limita el alcance vinculante de un convenio.
Ahora, a la consejera Ornella Chacón le parecen una minucia los noventa y tantos millones ofrecidos en lugar de 120.
A la vista de las deficiencias financieras, se abren dos vías de escape -prórroga o revisión- alrededor de la rotonda del REF.
[sws_grey_box box_size=”100″]La complejidad de gestionar sin recursos
Sin pasta no hay macarrones y sin fondos públicos difícilmente pueden gestionarse unas competencias exclusivas bajo unas mínimas condiciones de eficacia. Ese inconveniente se planteó en 1984, cuando un real decreto materializó el traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito de las carreteras. Con el tiempo se ha visto que, mientras no esté plasmado en la Constitución, lo que predica el Régimen Económico y Fiscal (REF) no siempre va a misa. Muchas veces, la procesión va por dentro y el pecado lleva implícita la penitencia.
Al cabo de una década, la estrategia regional de inversión en infraestructuras se enganchó al remolque de los convenios de financiación: 1994, 1997 y 2006-2017. Hasta la adenda de 2009 había una tutela de facto. “El Ministerio de Fomento ejercerá las funciones de seguimiento e inspección de las obras. De esta forma, se pretende garantizar la similitud de su diseño y de sus contratos con las del resto de la red de interés nacional”. Así consta en el documento suscrito por la ministra Magdalena Álvarez y el consejero Antonio Castro. Más adelante se decidió “potenciar la autonomía administrativa” de la parte canaria, que “planifica, proyecta, tramita, licita, contrata, dirige y recibe las obras”. Se reordena, asimismo, el crédito y se incorpora un único concepto que agrupa el importe para la ejecución y el pago de las expropiaciones, por adelantado, desde Fomento. La cuenta se carga al capital consignado en las dos cajas de caudales (las respectivas leyes presupuestarias).[/sws_grey_box]