Desgobierno y PCI

Es incomprensible la falta de capacidad política que ha exhibido el Gobierno de Canarias ante la grave situación en la que se encuentran miles de conciudadanos que están a la espera de percibir la Prestación Canaria de Inserción (PCI). El Diputado del Común, Cáritas, el Colegio de Trabajadores Sociales, el colectivo de perceptores de esta prestación, partidos políticos, todos han denunciado el escaso dinero presupuestado y los retrasos en el pago de esta ayuda pensada para los que no tienen ningún tipo de ingreso y dependen de ella, en exclusiva, para mantener los gastos más elementales de su familia. Es el último subsidio (473 euros mensuales como prestación básica para el año 2015) que prevé nuestro sistema de protección social y, precisamente por eso, va dirigido a las familias que peor lo están pasando por las crisis, aquellas que no pueden acceder a ninguna otra ayuda. La última institución en atestiguar este inhumana política gubernativa ha sido la Audiencia de Cuentas que en su informe de fiscalización de la PCI ha concluido denunciando los retrasos en la tramitación de las solicitudes; la falta de dotación presupuestaria; el incumplimiento de las actividades de inserción; y , paradójicamente, tanto la falta de ejecución del presupuesto como la asunción de importes millonarios que deben hacerse efectivos años después. La situación es tan crítica que miles de familias han solicitado la segunda renovación anual de esta prestación y aún no han cobrado ni una mensualidad del primer año. En esta realidad de clamorosa injusticia social, las declaraciones de los máximos representantes del Gobierno de Canarias, tratando de justificar los retrasos en el pago de la PCI, son un insulto a los canarios, acreditan su incompetencia, su inmoralidad y su falta de compromiso ético con nuestra tierra.

Justo estos días los responsables del ejecutivo autonómico nos han informado que, hasta ahora, no han hecho nada pero albergan esperanzas de que el próximo noviembre, penúltimo mes del año, se inicien “todos los procedimientos burocráticos previos y obligatorios que ha de sortear la ley de crédito extraordinario”, para poder empezar a abonar la deuda pendiente con miles de beneficiarios. Como se ve la llegada de la ignominia a este nuevo gobierno canario es lo único que ha sido pronta y puntual.

En Santa Cruz de Tenerife hay más de mil hogares que tendrían derecho a cobrar la PCI y no la están percibiendo. Por lo tanto, son miles las personas que están sufriendo esta situación: las que están en lista de espera para solicitarla, las que la han solicitado y todavía aguardan por una resolución y las que la tienen aprobada y no la han cobrado. Estas solicitudes aumentan cada año y son cada vez más las personas pendientes de percibir la prestación por primera vez.

Es en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, en este caso por culpa del ejecutivo canario, es cuando resulta imprescindible que los alcaldes, como representantes de las administraciones más cercanas a la ciudadanía, asuman un liderazgo y se enfrenten a los responsables autonómicos en defensa de aquellas miles de familias de su municipio que se encuentran en exclusión. Si Bermúdez tuviera la convicción política que debe asumir este liderazgo, estoy seguro que las cosas mejorarían para quienes peor lo están pasando en Santa Cruz.

*CONCEJAL DE SÍ SE PUEDE EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ