Isabel Figueroa tiene 73 años y lleva casi 30 en pleitos con un familiar a cuenta de un negocio en común. Ganando unos juicios y perdiendo otros han transcurridos los últimos años de esta mujer ya jubilada; sin embargo, el último es el que ha marcado su futuro, el de su marido, también jubilado, y el de su nieta de nueve años que tiene a su cuidado. El próximo 20 de octubre ha de abandonar su casa, la única que tiene, ante el embargo que el juez ha dictado, al no poder hacer frente al pago de una deuda de 57.000 euros. El magistrado ha fallado que ha de pagar ese dinero a su hermano en concepto de alquiler del local en el que durante años se ubicó una panadería, en la calle Ramón y Cajal esquina con Álvarez de Lugo, y que el juez entiende no fue satisfecho en tiempo y forma.
Ante la imposibilidad de pagar esa cantidad, su hermano ha pedido que le embarguen sus propiedades. No tendría mayor trascendencia una rencilla entre familiares si no fuera porque el juez ha admitido que el bien a embargar sea el domicilio de la pareja de jubilados, de un valor muy superior a la deuda que el juez estima ha contraído el matrimonio, y negándose a aceptar que se embargue la mitad del local en litigio, con lo que, asegura Isabel, quedaría saldada de sobra la deuda.
Isabel está desesperada porque el próximo 20 de octubre está fijado el lanzamiento judicial de su casa, en la que lleva viviendo desde que volvió a Tenerife con su marido y su hija. Su abogado, José Pérez Ventura, confía en que la justicia acepte un aplazamiento del desahucio y espera que finalmente se pueda llegar a un acuerdo con el denunciante que, según Isabel, se niega a aceptar otro bien que no sea su casa y en todo caso, afirma, “va diciendo que me va a quitar todo, también el local”.
El letrado entiende que se está ante una injusticia. “Cuando demandas o te demandan siempre corres el riesgo de un fallo en contra, pero en este caso lo más escandaloso es que como primera opción se embargue la vivienda habitual cuando esto debería ser lo último, y máxime cuando hay otras propiedades que pueden satisfacer la deuda como es el propio local, que solo con la mitad de la que es propietaria Isabel cubre de sobra la deuda que el juez considera debe pagar”. El abogado coincide con la pareja al señalar que la parte demandante exige la vivienda “para hacer daño”.
Isabel se muestra firme en sus convicciones y lamenta la endogamia que dice existe en la justicia isleña, un mal funcionamiento que la llevó a denunciar al poder judicial al considerar que el auto que la condena no se ajusta a la realidad de lo que pasó en la vista oral. “Pedimos las cintas de vídeo del juicio y casualmente se borraron, nadie sabe qué paso”. En este largo proceso judicial ha ido perdiendo su patrimonio y ahora, ante este último fallo, “ya no tengo dinero”.
Isabel Figueroa ha decidido hacer público su caso porque “la justicia no puede destrozar la vida de las personas, ni tampoco los jueces, porque eso es lo que hacen cuando decide que un matrimonio mayor debe dejar su casa cuando hay otras opciones para satisfacer la deuda”.