Toda la oposición parlamentaria (PP, Nueva Canarias y Podemos), excepto la Agrupación Socialista Gomera, alzó ayer su voz contra el criterio de la llamada triple paridad, que no tiene en cuenta parámetros demográficos, con que se pretende repartir 160 millones de euros anuales a los que ha renunciado el Gobierno estatal, cobrados hasta ahora a la hacienda canaria por la extinción del antiguo Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE).
Esta propuesta de reparto, que apoyan seis de siete cabildos, sería similar a la triple paridad, que es la fórmula electoral con la que se distribuyen por islas los diputados en el Parlamento regional, de modo que a Tenerife y Gran Canaria le tocarían 40 millones a cada una, y 80 para repartir entre las islas no capitalinas, a razón de 40 para las de la provincia occidental y 40 para las de la occidental. Un modelo de reparto que apoya el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, quien, entrevistado en Radio Club Tenerife, calificó la propuesta de “coherente” para “no discriminar” a las islas no capitalinas y ayudarles a tener oportunidades de desarrollo, con creación de empleo. El jefe del Ejecutivo recriminó además al presidente del Gobierno grancanario, Antonio Morales (NC), su postura de enfrentamiento. “Me parece extraño, porque le van a tocar 40 millones y no 34, siguiendo el reparto del REF”, destacó Clavijo. Morales replicó que “es peligroso controlar la Fecam y la Fecai utilizando a los partidos políticos; eso no se debe hacer y se deben administrar los recursos de todos bien y para todos; y el presidente Clavijo no lo está haciendo”, informó Europa Press.
Entre tanto, en la oposición parlamentaria solo está a favor de este reparto la ASG que lidera Casimiro Curbelo, además presidente del Cabildo gomero. El PP, a través de su diputada Australia Navarro, tachó de “absoluto despropósito plantear la ocurrencia de que la perversión del régimen electoral sirva para distribuir los 160 millones” y abogó por el modelo de reparto del REF y un acuerdo según criterios objetivos basados en la población y no en el territorio”.
El portavoz de NC, Román Rodríguez, anunció que ha registrado ya en el Parlamento una pregunta a Clavijo y ha pedido una comparecencia a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, pues echar mano del “perverso y antidemocrático” sistema electoral convierte además esta fórmula de reparto de fondos en “extravagante, insolidaria, carente de sustento legal y políticamente inaceptable”.
En igual sentido, la portavoz parlamentaria de Podemos, Noemí Santana, reclamó criterios “más objetivos” que el del territorio, y dudó incluso de la legalidad de una propuesta que ve “insostenible”, por lo que la van a “denunciar en el Parlamento canario y en todos los foros posibles”. “No puede ser que para un parado de El Hierro, con estos fondos, haya 5.000 euros y para uno de Tenerife, 290”, apostilló.
También se expresó en esta línea el coordinador general de IUC, Ramón Trujillo, quien juzgó de “disparate inviable” lo propuesto por la Fecai y Clavijo. “ Si aplicamos la triple paridad al presupuesto autonómico tendríamos un gasto anual de 1.778 euros por residente en Gran Canaria y Tenerife y de 8.514 euros en las islas no capitalinas; es una vergüenza que el presidente de Canarias plantee disparates de esta magnitud”, remachó.