El Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI), conocido como contribución, se paga en función del valor que el Catastro da al inmueble en cuestión y al coeficiente que el Estado y municipios aplican a ese valor. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la parte que le corresponde al Catastro lleva sin actualizarse desde 1995, lo que hace que el valor catastral de los inmuebles de la capital se sitúe hasta el 60% por debajo de la media estatal. Con la entrada en vigor del Plan General de Ordenación (PGO), la actualización de esta ponencia deberá ponerse en marcha de forma obligatoria lo que, una vez actualizada, podría conllevar una subida en el IBI de más del 300%.

Con el fin de evitar que esto se produzca, desde 2013 el Ayuntamiento ha solicitado a la Dirección General del Catastro ir actualizando el valor catastral de los inmuebles a través de los coeficientes, con una subida anual del 10%, alza que a su vez el Ayuntamiento neutraliza con el descenso en el mismo porcentaje del tramo municipal del IBI. En 2012 las viviendas estaban en el 82% por debajo de la media estatal, por lo que en 2016 se alcanzará el 50% de la media estatal.

Así lo explicó ayer el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, en el trascurso del pleno extraordinario convocado con el fin de modificar las ordenanzas fiscales, tanto la del IBI, como la de la tasa de ocupación del dominio público, que en 2016 se bonificará a los kioscos de prensa, empresas con elementos voladizos y a los camiones con exceso de peso que circulen por el interior de la ciudad. El edil no quiso avanzar si la fórmula para actualizar el valor de los inmuebles y que evita una subida en el recibo de la contribución se mantendrá en el tiempo. “En 2017 volveremos a analizar la situación y entonces decidiremos”, añadió.

Consenso

Desde la oposición todos los grupos se mostraron favorables a las modificaciones fiscales, no emitiendo voto en contra, aunque Sí se puede, IU y C’s se abstuvieron. Desde C’s, su portavoz, Roberto Elices, criticó el retraso del Catastro en actualizar sus datos obligando al municipio a actualizar por su lado, mientras que Pedro Fernández Arcila (Sí se puede) pidió que se implementaran medidas sociales para el pago del IBI. Martínez respondió a Arcila que Asuntos Sociales ya está trabajando en ello para 2016. José Ángel Martín (PSOE) apoyó las modificaciones, puesto que “son medidas ya iniciadas en el mandato anterior y obligadas por la subida de impuestos del Estado”. Afirmación con la que coincidió Ramón Trujillo (IU), que criticó la política fiscal del PP.

La Recova, única beneficiada por ahora de la bonificación del 95% del IBI

En la modificación de la ordenanza del IBI, aprobada inicialmente ayer en el pleno extraordinario, también se incluye la bonificación en el 95% de la contribución para las cooperativas de economía social que se ubiquen en el municipio. El edil de Hacienda reconoció que, de momento, el Mercado Nuestra Señora de África es la única cooperativa que cumple con los requisitos para esa bonificación, aunque matizó que “se estudiarán todas las peticiones que se hagan”.
Esta medida, tal y como detalló el concejal de C’s Roberto Elices, es conocida en el ámbito nacional como la bonificación “Eurovegas”, y alcanza a distintos colectivos desde 2012. En la norma estatal figuran como beneficiarios las sociedades laborales, las mutualidades, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cofradías de pescadores, asociaciones vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la inserción de personas en exclusión y las fundaciones.
El edil de Hacienda tampoco supo cuantificar el coste de la medida en lo que a La Recova se refiere, aunque señaló que no supondrá (ni esta, ni el resto de bonificaciones aprobadas), una merma importante en los ingresos municipales. Sí se puede exigió que la bonificación se aplique solo si los solicitantes están al corriente de sus pagos a Hacienda.

Devolución

El Pleno también aprobó la devolución de 2.000.000 de euros al Estado por los ingresos a cuenta que el Gobierno central adelantó de la participación de los municipios en los ingresos estatales y que finalmente no fueron tan altos como la previsión. La devolución se producirá en 10 años y al 0% del tipo de interés. Estas condiciones, señaló Martínez, “solo se le conceden a los ayuntamientos que estén en estabilidad presupuestaria y cumplan con el pago a proveedores en torno a los 30 días”. Santa Cruz paga en 39 y se espera bajar a 36, detalló el edil.