Aunque es cierto que la política en Canarias siempre ha sido un universo abierto a una inmensidad de variables con propensión a que las constelaciones más improbables terminen sucediendo, nunca hubiéramos podido imaginar un escenario en el que el presidente del Cabildo de Gran Canaria defendiera con más empeño los intereses de Tenerife que el propio presidente del Cabildo de nuestra isla. Es una lástima que ninguno de los sesudos analistas políticos con que contamos en esta isla haya advertido esta nueva extravagancia insular con que nos deleita el panorama institucional, pero así ha ocurrido con ocasión del famoso y futurible reparto de los 193 millones de euros provenientes de los fondos del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresa. Antonio Morales, actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha defendido que el reparto insular de este fondo se realice teniendo en cuenta, como criterio dominante, el demográfico, lo que beneficia, de manera sustancial y con justicia, a Tenerife. Carlos Alonso, sin embargo, se ha alineado con el presidente del Gobierno, sujeto a las presiones del nuevo partido insularista de Curbelo, y defiende la triple paridad, lo que significa establecer un criterio claramente discriminatorio para Tenerife, ya que las islas que albergan a 300.000 canarios (La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura) recibirán la misma cantidad, algo más de 96 millones de euros, que las islas donde se encuentran los 1.800.000 canarios restantes (Gran Canaria y Tenerife). En términos cuantitativos la propuesta del presidente del Cabildo de Gran Canaria supone que Tenerife obtendría, cada año, 22 millones de euros más, que, paradójicamente, perderíamos con la propuesta que defiende Carlos Alonso, a la sazón, presidente del Cabildo de Tenerife. Esta debilidad de nuestro máximo representante insular se proyectará sobre los próximos diez años, lo que supone la pérdida irremediable de ingentes cantidades de dinero para el desarrollo económico y social de nuestra isla. Pero sobre todo, huyendo de cualquier atisbo de discurso insularista y centrándonos en aspectos de cohesión territorial, la fórmula del reparto de este fondo con base a la población de las islas como criterio dominante, tal y como defiende Antonio Morales, resulta ser la más justa, sabiendo que, en la actualidad, las islas con más población son, como consecuencia de ese parámetro, las islas con más nivel de desempleo, con mayores familias en exclusión, con más demandas de prestación, en definitiva , con más necesidades sociales e inversiones públicas que atender. Por estos motivos, resulta incomprensible la actitud de Carlos Alonso, que sabiendo de primera mano la crisis tan extraordinaria que estamos viviendo en nuestra isla sea capaz de olvidarse que fue elegido para defender los intereses de Tenerife y no para prestarse a los contubernios de la vieja política que, claramente, nos perjudican. Lo dicho, menos mal que siempre nos quedan las agradables sorpresas que nos depara la política en Canarias, en esta ocasión de la mano de Antonio Morales.

*Concejal de Sí se puede en Santa Cruz