El presupuesto del Cabildo tinerfeño para 2016 incluye una partida destinada a la rehabilitación y reforma de viviendas, la cual ascenderá, como mínimo, a un millón de euros. Esta cuantía, que será repartida según los criterios de población entre los distintos municipios de la Isla, será gestionada por los ayuntamientos con el fin de recuperar y mejorar las condiciones de habitabilidad de las casas. Así lo puso ayer de manifiesto el vicepresidente y consejero de Cooperación Municipal y Vivienda de la institución insular, Aurelio Abreu, quien precisó que estas subvenciones se recuperan después de 10 años. Además, recalcó que espera que la asignación inicial pueda ampliarse, ya que la idea es plantear tanto a la Comunidad Autónoma, como a los propios municipios, la posibilidad de que participen económicamente. “Nuestro objetivo es la defensa a ultranza del derecho a una vivienda y que estas sean un lugar digno”, apuntó ayer Abreu. Recalcó que en próximas reuniones se planteará el reparto de fondos entre las localidades, al igual que la posible aportación. Esta línea de ayudas, que serán a fondo perdido, permitirá abarcar la mejora de casas de forma individualizada, al igual que su adaptación para personas con discapacidad.
El vicepresidente realizó estas declaraciones durante la presentación del nuevo Consejo Insular de la Vivienda, puesto en marcha por el Cabildo. Al acto también asistieron el director general de la Vivienda del Gobierno de Canarias, José Gregorio Pérez, y la portavoz de la Plataforma de afectados por las hipotecas (PAH) en Tenerife, Inmaculada Évora.
Pérez abogó por la coordinación de las acciones puestas en marcha por asociaciones y administraciones públicas con el fin de dar solución a un problema. Así, reconoció que la plataforma ocupó en un momento determinado el lugar en el que las instituciones no supieron estar presentes. Además, añadió que la Comunidad Autónoma ha reforzado el papel de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, ampliando sus funciones.
Por su parte, Évora se mostró optimista con que “el Consejo sea el principio de algo en positivo, que aporte medidas eficaces”. Recordó, además, que hay “muchas familias que lo están pasando mal en la Isla”.
[sws_grey_box box_size=”100″]CARACTERÍSTICAS
Funciones. El Consejo Insular tiene como fin gestionar las diferentes ayudas y acciones en materia de vivienda. Se trata, como se reconoció ayer, de un ente único en Canarias, aunque en Gran Canaria existe un consorcio de similar función.
Representantes. El Consejo lo conformarán varios miembros del Cabildo; representantes del Gobierno de Canarias; representantes de los ayuntamientos; CEOE; Colegios Profesionales de Arquitectos de Canarias y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la provincia; asociaciones bancarias; Plataforma de Afectados por las Hipotecas; organizaciones sindicales; Consejo Regional de la Juventud. También podrán participar, con voz pero sin voto, técnicos del Cabildo y personas de reconocido prestigio o experiencia en el ámbito.[/sws_grey_box]
[sws_grey_box box_size=”100″]PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO INSULAR
Tras la aprobación de los estatutos de este organismo el pasado mandato, ayer se constituyó el Consejo Insular de la Vivienda, que inicia su actividad en la Isla para apoyar las labores relacionadas con el acceso a una casa. Aunque el impulso a este ente arrancó hace varios años, distintos trámites burocráticos ralentizaron la puesta en marcha. Finalmente, el pleno de la institución insular aprobó el pasado mes de julio una moción, a instancias del Grupo de Podemos, con el fin de reactivar este procedimiento.
El Consejo será un órgano de carácter colegiado, con funciones de consulta, participación, coordinación y asesoramiento en materia de vivienda, que atenderá las demandas de la ciudadanía que se encuentra con dificultades para acceder a una vivienda adecuada. Asimismo, promocionará medidas con las entidades financieras, para solicitar a aquellas que mantienen contratos con la Institución insular que paralicen los desahucios cuando los residentes no tengan garantizada una alternativa. Se estudiará, además, la supresión de las relaciones comerciales con los bancos que persistan en desahuciar. De hecho, el vicepresidente insular, Aurelio Abreu, adelantó que a partir de ahora los préstamos bancarios del Cabildo se contratarán con entidades que no lleven a cabo acciones de desahucio.
A través de este ente se pondrá en funcionamiento una oficina de intermediación por el derecho a la vivienda, que prestará sus servicios en los municipios. [/sws_grey_box]