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Educación asistirá jurídica y psicológicamente a docentes agredidos

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias parece decidida a erradicar la violencia escolar hacia los docentes dentro y fuera de las aulas. Así, según confirmó la propia consejera Soledad Monzón el pasado sábado al Consejo Escolar de Canarias, ya se está trabajando en la elaboración de un protocolo que asegure la asistencia jurídica y psicológica a los profesores que fueran agredidos.

Dicho protocolo lleva años siendo demandado por organizaciones sindicales como Anpe, que es la única que cuenta con un servicio específico (el llamado Defensor del Profesor) para atender este tipo de situaciones. Su presidente, Pedro Crespo, explicó que “parece que la Consejería está dispuesta a asumir un compromiso real con los docentes, porque es inaceptable que cada vez haya más impunidad en los centros escolares de Canarias”. Crespo recordó además que la Fiscalía General del Estado dio instrucciones en 2008 de personarse en todos los casos de ataques a los profesores, algo que no se está cumpliendo, lo que deja a los docentes en “una situación muy vulnerable”.

En la misma línea se manifiestan desde el sindicato Docentes de Canarias (Insucan), que en reiteradas ocasiones se ha dirigido a la Consejería para reclamarle una protección integral que incluya cinco aspectos: apoyo a los docentes y a toda la comunidad educativa afectada por los atentados; asistencia jurídica; asistencia psicológica; ampliación del protocolo de actuación ante agresiones a las intimidaciones y evaluación “urgente” de los riesgos de estas situaciones en los centros. “El Gobierno siempre nos respondió con ambigüedad”, denotan.

El año pasado, el Defensor del Profesor de Anpe registró un total de 157 denuncias de profesores de las dos provincias (80 en la de Santa Cruz de Tenerife y 77 en la de Las Palmas), la mayoría de ellas por violencia verbal y física. En relación al curso 2012-2013, las atenciones crecieron casi el 10%, una cifra que se eleva al 50% respecto al ejercicio anterior, cuando se registraron un total de 104 quejas. En su último informe anual -este viernes se presenta el correspondiente a 2015-, los responsables de ANPE confirmaron que en más del 60% de los casos analizados, las víctimas se vieron obligadas a permanecer de baja durante meses (38 por ansiedad, 25 por depresión y 33 por otras patologías), lo que evidencia la “pasiva actitud” de la Administración ante el “importante sobrecoste” económico para el sistema educativo canario.