CANDELARIA

Los enganches ilegales de luz del Ayuntamiento llegan al Juzgado

Un generador de electricidad, por fuera del SAC, durante una avería ocurrida hace dos años. / NORCHI
Un generador de electricidad, por fuera del SAC, durante una avería ocurrida hace dos años. / NORCHI

El Juzgado Número 3 de Güímar ha llamado a declarar el 18 de enero de 2016, en calidad de imputados, a tres concejales del grupo de gobierno 2011-2015 del Ayuntamiento de Candelaria, tras la denuncia efectuada en abril de este año por Izquierda Unida ante la Fiscalía Provincial por el supuesto enganche ilegal de luz eléctrica en varias dependencias municipales.

En concreto, tendrán que acudir al Juzgado el actual concejal, Francisco Pinto, responsable de Personal en aquel mandato, y los exconcejales María del Carmen Pérez, de Educación, y Ramón Gil, de Deportes, Obras y Servicios, estos dos últimos por ser en edificios gestionados por sus áreas donde se produjeron los hechos denunciados.

En la actualidad, tal y como reconoce el actual concejal de Obras y Servicios, Jorge Baute, no hay ningún enganche ilegal en ninguna instalación municipal, en las que ya se han situado los boletines pertinentes, mientras que en otras se están elaborando los proyectos correspondientes con los gestores de Endesa. Izquierda Unida elevó el caso ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la negativa del grupo de gobierno municipal en el pleno del 5 de marzo de 2015 de crear una comisión de investigación y de depurar responsabilidades políticas por la supuesta sustracción ilegal de energía eléctrica, que finalmente se aprobó pagar, con los votos del Grupo Socialista, a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, sin que hubiera ninguna propuesta de resolución firmada por concejal alguno.

Domingo Ramos, concejal de Hacienda entonces, reconoció los enganches en esas instalaciones en las que no había contador para poder pagar, por lo que “es necesario un crédito extrajudicial”, comentó, mientras que el exalcalde, José Gumersindo García, no tuvo reparos en reconocer que “no ha sido un comportamiento correcto”. La concejala de Educación, María del Carmen Pérez, explicó que subsanó el problema “cuando me enteré hace dos años”.

Las instalaciones públicas municipales del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), de la Escuela de Hostelería (emplazada en el edificio de la piscina municipal) y de la Escuela de Adultos estuvieron enganchadas directamente a la red de abastecimiento eléctrico desde el 5 de julio de 2011 hasta el 30 de enero de 2013. Por ello, el Ayuntamiento de Candelaria tuvo que abonar 24.418,58 euros, tras aprobarse el expediente del reconocimiento extrajudicial de crédito en el pleno del 5 de marzo de 2015.

En total, la deuda requerida por Endesa se fijó en siete facturas. En el caso del SAC, aparecieron dos importes de 7.010,64 euros y de 5.301,29 euros; en el de la Escuela de Hostelería son tres, por 5.637,28, 4.460,75 y 679,59 euros, y la Escuela de Adultos tiene dos facturas por 505,07 euros y 823,96 euros de gasto. El artículo 255 del Código Penal establece, en el apartado de defraudaciones de fluido eléctrico y análogas, que “será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses el que cometiere defraudación por valor superior a 400 euros”.