tribuna

El grito desesperado de la construcción – Por Martín Padrón*

Dice un viejo refrán que obras son amores y no buenas razones. O lo que es lo mismo: que son los actos los que retratan a las personas y no los discursos o las palabras, que solo son intenciones. También las instituciones y los partidos políticos deben ser juzgados por sus obras y realizaciones, más que por las propuestas teóricas. Los empresarios de la construcción de Canarias nos enfrentamos a especiales circunstancias adversas. Primero, sobrevivimos en un mercado reducido y difícil, en el que se incrementan los costos de la actividad por los sobreprecios que afrontamos en el abastecimiento de materiales y equipamientos. En segundo lugar, el escaso volumen del mercado interior nos debilita al tiempo que reduce nuestras posibilidades de crecimiento. Y, en tercer lugar, las difíciles condiciones de financiación a las que estamos sometidos por una banca estatal que a veces es insensible con los problemas de las Islas y que, como es natural, persigue la lógica de los beneficios y por lo tanto ni quiere oír hablar de compromiso social con el sector que peor lo ha pasado en la crisis económica.

Es normal que en una situación así nosotros depositemos nuestra confianza en las instituciones canarias. Nuestra sociedad ha asumido la necesidad de discriminar en favor de los más débiles. La acción política ha legislado en favor de los colectivos más necesitados y amenazados por la pobreza o la injusticia. ¿Se ha hecho lo mismo en el terreno de la economía? La respuesta es sencilla: no.

El Cabildo de Tenerife es una institución gobernada por políticos que dicen defender esta Isla y apostar por su crecimiento y su desarrollo. Esas son las buenas razones. El discurso. Pero la realidad es que la construcción es el escenario donde se demuestra que las obras no se corresponden con los argumentos. Les pongo un ejemplo: desde las elecciones de mediados de año hasta hoy la Corporación insular ha adjudicado a empresas estatales obras por importe de dos millones y medio de euros, mientras que a las empresas canarias les ha correspondido una “cuota” de apenas setecientos mil. ¿Creen ustedes que esa distribución se corresponde con el propósito de discriminar positivamente en favor de las pequeñas empresas de las Islas y fomentar el empresariado propio de nuestra tierra? Es obvio que no. En la actualidad se encuentra en periodo de “reflexión” la adjudicación de las obras de mantenimiento de las carreteras. Son cuatro “paquetes” o zonas por importe global de unos veinticuatro millones de euros. Les adelanto ya que las empresas de nuestra isla no van a ser favorecidas de ninguna manera. Ni las que vayan solas ni las que han accedido a participar haciendo UTEs (uniones temporales de empresas) con algunas de la poderosas empresas estatales. Las razones que se aducen para que esto sea así son puramente económicas: las grandes empresas ofrecen mejores condiciones económicas para la administración pública, lo que les obliga a darles a ellos las obras.

¿Saben lo que ocurre en el sector comercial? Pues que las administraciones públicas protegen a los pequeños comerciantes, al empresario tradicional, frente a las grandes empresas con mayor músculo y los grandes centros comerciales. Por eso se regula y se controla el horario de apertura o la superficie destinada a estos poderosos centros multinacionales. ¿Y en el sector agrario exportador, por ejemplo en el platanero? Pues, como es lógico -y hemos luchado mucho para que sea así-, se protege el mercado local para que se venda preferentemente la producción canaria frente a las importaciones de otros países, a pesar de que esos productos llegan a precios más baratos.

Es normal que las instituciones defiendan a las empresas y producciones propias frente a la competencia exterior. Y es lógico que se discrimine a favor de los más débiles para que puedan competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas transnacionales que cuentan con mejores condiciones de financiación y con mayores recursos e infraestructuras. Pero todo esto no rige en el sector de la construcción. Los empresarios de las Islas, una y otra vez somos maltratados e ignorados en los concursos públicos con el argumento de que, con la calculadora en la mano, las ofertas de las grandes empresas son “más baratas” que las nuestras.

Se habla de crear empleo en Tenerife y en Canarias. Pero el único mercado en el que se crea empleo es en el turismo. Un sector en el que la Administración colabora activamente, participa en las campañas de promoción exterior a las que acuden políticos e instituciones en representación de los intereses de las Islas. Somos los primeros en alegrarnos. Pero qué abandonados nos sentimos en comparación con los demás.

Nuestro sector es fundamental para crear empleo y llegó a representar el 11% del PIB de Canarias. Hoy somos la sombra de lo que fuimos. Y seguiremos en la oscuridad mientras las instituciones canarias no apuesten por favorecer a los más débiles frente a los más poderosos, mientras no exista el compromiso de favorecer a las empresas que están aquí, que contratan aquí, que luchan para existir en el mercado local y que sólo piden que se apliquen medidas correctoras que nos permitan sobrevivir frente a la competencia de las grandes constructoras. Estamos abandonados a la mala suerte de las calculadoras y nadie se ha planteado aún que para que existan empresas locales de construcción tiene que existir al menos la misma protección, la misma ayuda, el mismo compromiso que existe en otros sectores de la economía de Canarias.
Esto es un grito desesperado que, como siempre, nadie escuchará.

*Presidente de la Federación de Empresas de la Construcción de Canarias (FECAC)