Más allá de ideologías políticas, los alcaldes del sur de Tenerife escenificaron ayer un frente común para exigir la construcción de la segunda pista del aeropuerto Reina Sofía, a raíz del incidente producido el pasado lunes por el reventón de las ruedas de un avión que obligó a cerrar las pistas durante cuatro horas. Los mandatarios de Granadilla, Arona, Adeje, Guía de Isora, San Miguel, Arico, Vilaflor y Santiago del Teide (este último, ausente ayer) firmaron un manifiesto en el que reivindican un “calendario de inversiones y una cronología temporal” para una infraestructura que consideran vital “no solo para la comarca, sino para la Isla”.
Jaime González Cejas, alcalde de Granadilla, municipio en el que se ubica el aeropuerto, advirtió de que el incidente del lunes “no presenta seguridad para los turoperadores y eso es muy peligroso para el principal sector económico de Tenerife”, y en ese sentido criticó la “tibieza y pasividad de las autoridades insulares y regionales y de todos los grupos políticos de la Isla ante las reiteradas promesas incumplidas de los Gobiernos centrales”.
“Ha llegado la hora de decir basta; este es el taponazo en la mesa que queremos dar los alcaldes”, anunció González Cejas, que recordó que cuando se inauguró el aeropuerto, hace ahora 40 años, ya se hablaba de la conveniencia de contar con una segunda pista que evitara que cualquier incidencia puntual obligara a cerrar el campo de vuelo. “Rechazamos de plano las previsiones de AENA, porque no podemos esperar para construir la pista a alcanzar los 12 millones de pasajeros, que es donde sitúa el umbral de la capacidad operativa, porque los trabajos pueden durar entre 8 y 10 años”, apuntó el regidor.
Los alcaldes exigieron la creación de una comisión técnica y política que traslade al próximo Gobierno el carácter de “prioridad absoluta” de la segunda pista en la legislatura entrante. González Cejas recordó que “este es el tercer aeropuerto de España y primero en porcentaje turístico y apenas se han realizado inversiones si lo comparamos con lo que han recibido los de Gran Canaria o Málaga”.
También se mostró muy crítico el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que consideró la demanda como un ejercicio de “inteligencia económica”. “Turísticamente no somos nada sin un aeropuerto en condiciones, y por aquí pasan cinco millones de visitantes al año”, señaló. A su juicio, el incidente del lunes pone de relieve la “precariedad” de las instalaciones.
En términos parecidos se expresó el alcalde de Arona, José Julián Mena, que dijo que “más que una necesidad planteaban una exigencia”. Pedro Martín, mandatario de Guía de Isora, fue más allá y afirmó que, una vez iniciadas las obras del puerto de Granadilla, se había perdido una “oportunidad histórica” para acometer los trabajos de la nueva pista: “Por miedo no se hizo”, sentenció. También se quejó de la “lejanía” de AENA a la hora de establecer un mínimo nivel de interlocución.
A la rueda de prensa también asistieron el alcalde de San Miguel, Arturo González, y las alcaldesas de Arico, Elena Fumero, y de Vilaflor, Agustina Beltrán, que llamaron a una mayor implicación política, empresarial y social.
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Los puntos claves
– Imagen de debilidad. La respuesta ante el incidente del lunes genera incertidumbre entre los turoperadores.
– Rechazo. La construcción de la segunda pista no puede depender de la evolución de la demanda, sino de la seguridad y operatividad.
– Engaño. A día de hoy no se ha completado el Plan Director ni existe previsión presupuestaria real de ejecución de la pista de vuelo.
– Seguridad. Sin la nueva pista no hay garantía para un destino turístico de primer nivel.
– Nodo de interconexión. Ese es el papel que jugaría la isla de Tenerife en las rutas aéreas de larga duración.
– Compromiso. Todas las fuerzas políticas de Tenerife, instituciones insulares y regionales, sociedad civil y colectivos empresariales deben remarcar la absoluta prioridad de las inversiones.
– Plan Director. Debe ser un objetivo preferente del Estado, con calendarios y presupuestos, así como de las instituciones insulares y regionales en la próxima legislatura.
– Riesgo de colapso. Se estima la duración de las obras entre 8 y 10 años.
– Tibieza. Pasividad hasta ahora de las autoridades insulares, regionales y formaciones políticas ante las promesas incumplidas.
– Mesa de trabajo. Análisis y propuesta de “obra prioritaria” para el próximo Gobierno. Llamamiento a la sociedad para el respaldo de las acciones reivindicativas.
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