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Investigan al exjefe de Producción de la TVC y Cerdán debe declarar

Rubén Fontes (izq) y Daniel Cerdán (der) / DA
Rubén Fontes (izq) y Daniel Cerdán (der) / DA

La instrucción de la causa penal por contrataciones irregulares en la Radiotelevisión Canaria (RTVC) durante la etapa en que la dirigió Guillermo García, principal imputado, sigue adelante.

En los últimos días ha trascendido que la juez del caso, María de Lorenzo-Cáceres y Farizo, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, investiga si el exjefe de Producción de la RTVC, Rubén Fontes, llevó a cabo extorsiones a cargos públicos de ayuntamientos de la provincia de Las Palmas para que favorecieran a Siete Mares SL, una de las empresas audiovisuales investigadas en esta causa por ser de las que más producciones suministró al ente público.

Además, la magistrada ha citado a declarar en calidad de testigos al comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, y a Julián Sosa, empleado de Videoreport Canarias, empresa adjudicataria del concurso de los servicios informativos del ente público, según informó Canariasenhora.com.

En una providencia dictada esta semana, la juez cita a Daniel Cerdán y a Julián Sosa para el próximo día 19 de noviembre para tomarles declaración. Cerdán fue el director de la Radiotelevisión Canaria justo en los meses previos a la designación de García. La citación al comisionado de Transparencia, que depende orgánicamente del Parlamento, tiene que ver, según el citado diario digital, con un documento firmado durante su corta época (siete meses) de director de la RTVC y que levantó la sospechas de los investigadores policiales.
El documento, fechado el 15 de octubre de 2007, viene a certificar que la productora Amanecer Latino, propiedad del imputado en esta causa Francisco Padrón, iba a facturar con la RTVC unos 900.000 euros por año en los siguientes ejercicios. La policía y la Fiscalía intentan esclarecer si ese escrito tiene algo que ver con los pagos que se giraron con dinero público desde la TVC a la Tesorería General de la Seguridad Social, donde Padrón tenía una deuda superior a los 1,3 millones de euros. Esta deuda se liquidó tras una serie de contratos firmados por García por más de 1,6 millones, a cambio de programas pagados a 6.307 euros cada uno.