La Asociación Canaria de Víctimas del Franquismo (ACVF) presentará hoy en la Embajada de Argentina en Madrid una denuncia con 1.800 casos de canarios muertos en la represión franquista, a raíz del golpe de Estado de julio de 1936 contra el Gobierno republicano. De esta cantidad, unos 400 son represaliados de La Palma y 65 en Tenerife, en el caso de esta isla condenados a muerte en consejos de guerra, según explicó ayer a este diario el secretario de la asociación, Tavo de Armas.

La intención de los denunciantes es que esta lista de víctimas se incorpore a la causa abierta contra el franquismo, promovida por la abogada Ana Messuti, y que instruye el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires.

Este colectivo solicita a la Justicia argentina que juzgue todos aquellos hechos y que se depuren las responsabilidades que correspondan, aunque los culpables ya estén muertos. A De Armas le “resulta lamentable tener que ir a un país extranjero para poder investigar estos crimenes, pues la Audiencia Nacional española considera este asunto cerrado con la Ley de Amnistía”.

El anuncio de esta iniciativa judicial se conoció ayer en la capital grancanaria durante una rueda de prensa, en la que el abogado de la ACVF, Simón Concepción, explicó que su denuncia identifica “con nombre y apellidos” a las personas que participaron o fueron cómplices de los crímenes del franquismo en Canarias, comunidad apenas castigada por la Guerra Civil, pero donde la represión posterior “fue terrible”, informó Efe. El presidente de la ACVF, Francisco González, nieto de un fusilado, ha publicado el libro Tormenta en la memoria, “que quiere ser la voz de todas aquellas personas asesinadas impunemente por defender la legalidad democrática”. La vicepresidenta de la ACVF, Hiurma Castejón, señaló el papel que, desde su punto de vista, tuvieron en aquellos sucesos la Iglesia o el Ejército, Falange o la “oligarquía isleña”.