Un reto imposible… por ahora. El plazo legal fijado para el próximo 1 de enero como fecha límite para que la administración abandone definitivamente el uso de papel para la presentación de documentos en los órganos judiciales no será cumplido en Canarias, dado que el proceso de modernización iniciado hace años sigue sin concluir.

Así quedó de manifiesto ayer durante la celebración de la Comisión Mixta de Cooperación y Participación entre la Consejería autonómica de Presidencia, Justicia e Igualdad y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la que acudieron tanto el titular del departamento regional, Aarón Afonso, como el presidente del TSJC, Antonio Doreste.

Si bien el tono de las declaraciones de Afonso fueron prudentes al limitarse a remarcar las dificultades para llegar a tiempo a ese 1 de enero, el consejero no dudó en recordar que en la reunión mantenida con la Conferencia Sectorial de Justicia se solicitó al Ministerio que se ampliara la vacatio legis de esta norma, y que hasta el momento esta petición no ha sido atendida. Aarón Afonso señaló igualmente que en febrero de 2015 se advirtió al Ministerio de Justicia de que difícilmente se iba a poder adaptar a 1 de enero de 2016 el papel cero en la administración de justicia, no solo en Canarias sino también en el resto de las comunidades autónomas.

Todas las fuentes consultadas por este periódico coinciden en resaltar tanto el esfuerzo realizado en los últimos años como la imposibilidad de que se cumpla el referido plazo legal.
Aarón Afonso justificó que, como consecuencia de las modificaciones que ha efectuado el Estado en el último tramo de la legislatura estatal, la administración autonómica tiene que producir una renovación tecnológica en los órganos jurisdiccionales que en Canarias “ya se inició en 2014 y esperamos que se culmine durante 2016”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, destacó la “elogiable” colaboración por parte de la Comunidad Autónoma, y desde el punto de vista judicial, explicó que estaban “contentos” con el tratamiento de la administración autonómica.

Hay dinero para la oficina judicial

El Gobierno de Canarias incluye en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2016 la dotación de un complemento específico transitorio para los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la Justicia, con el que se destraba la futura implantación de las oficinas judicial y fiscal con la consignación de los recursos necesarios a tal fin. El reconocimiento de este complemento específico en las cuentas públicas canarias cumple un acuerdo con los sindicatos que data de 2009.