Nueve años ha tardado en comenzar el juicio por la estafa de Afinsa que en su día afectó a 150.000 clientes. Por mucha justicia que llegue a hacerse, nadie remediará ya los perjuicios irreversibles a los damnificados, abocados muchos de ellos a la desesperación y a la pobreza.

No es el único caso de lentitud judicial de este país, claro está, en el que los casos pendientes crecen a más velocidad que el de asuntos resueltos. ¿Puede haber justicia en un país en el que las sentencias llegan a veces cuando ya han fallecido sus presuntos beneficiarios? ¿De qué les sirve a estos, por ejemplo, que un tribunal reconozca que alguien ha atentado contra su salud o su dignidad si esa agresión la han continuado padeciendo durante quince años después de que se interpusiese la demanda?

No se trata, por consiguiente, de que nuestros tribunales sean ineficaces o injustos; simplemente, que están paralizados.

Es verdad que cuando actúan no tienen que envidiar a ningún otro, incluidos los de los telefilmes norteamericanos. Recuérdese, si no, que en estos años han acabado en la cárcel desde ministros, como Jaume Matas, hasta dirigentes empresariales, como Díez Ferrán. Pero, ¿de qué sirve semejante ejemplaridad si cuando llegan a prisión esos personajes casi nos habíamos olvidado de su existencia?
Mientras eso sucede, esperan su larguísimo turno procesal Urdangarin, Bárcenas, Rato y un largo etcétera de ex consejeros de cajas de ahorro y otros delincuentes de cuello blanco.

Para cuando se sienten en el banquillo, prácticamente nos habremos olvidado ya de ellos, acuciados por nuevos casos de corrupción y otros delitos. No es que entonces no se haga justicia, sino que llegará tan tarde que solo nos quedará la imagen de una dilatada y triste impunidad.