avisos políticos

La ley y la trampa

Cuando el Financial Times califica de locura el proceso independentista catalán, y titula así sus noticias al respecto, los soberanistas catalanes -y sus apoyos de fuera de Cataluña- deberían preocuparse. Porque el prestigioso diario económico británico añade que España está saliendo de la crisis y “lo último que necesita es una crisis constitucional añadida que ponga en riesgo su futuro como Estado unitario”. Por si fuera poco, acusa a Artur Mas de “actuar chapuceramente”. Y lo preocupante es que todo eso no es una mera ocurrencia del director o de la redacción del periódico, sino un estado de opinión de los agentes económicos internacionales y de los Gobiernos de los países de nuestro entorno político y económico.

También deberían preocuparse los independentistas catalanes y sus apoyos por la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el Recurso del Gobierno español contra la moción independentista aprobada el lunes por el Parlament, lo que, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, significa que la suspende; y deberían preocuparse, además, por la advertencia del Alto Tribunal a 21 altos cargos de la Generalitat y del Parlament con llevarles a la vía penal y suspenderles de sus funciones si le desobedecen. El Tribunal advierte a Mas o “a quien pueda ser investido”, a toda la Mesa del Parlament, con inclusión del letrado secretario general de la Cámara, que es un funcionario no un político, y a todo el Govern de que serán inculpados por un delito de desobediencia si siguen adelante con el proceso una vez paralizado.

Al mismo tiempo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dirigido un requerimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y a los Mossos d’Esquadra, en el que deja constancia de los delitos que podrían ser cometidos en “el proceso de independencia del territorio autonómico catalán”, delitos que deberán ser comunicados a la Audiencia porque se encuentran incluidos en sus competencias. La Fiscalía se centra en los delitos contra la Corona, contra las instituciones del Estado y contra la forma de gobierno, en los que enmarca los de sedición y rebelión. Afirma que la sedición y la rebelión pueden ser “reguladores” de otros delitos, y cita expresamente los de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y “uso indebido de fondos públicos para la obtención de tan ilegítimos fines”. También se castigaría “específicamente” la conspiración, la proposición y la provocación para cometerlos, precisa el Ministerio Público en su escrito. Por lo que afecta a los Mossos d’Esquadra, su comisario jefe ha asumido personalmente toda la responsabilidad en las investigaciones contra cargos de la Generalitat que no apliquen la legalidad española. De esta manera, el máximo responsable policial de Cataluña exonera de responsabilidades legales a sus agentes, y, al tiempo, se erige en la última instancia que decidirá qué informes sobre posibles delitos se envían a la Fiscalía o a los Juzgados de la Audiencia Nacional.

Ajenos a este preocupante entorno jurídico, político y económico, los independentistas han afrontado el proceso de investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, proceso abortado en dos ocasiones, al no obtener el candidato la mayoría absoluta en la primera ni la mayoría simple en la segunda. La llave de la investidura estaba -y está- en la izquierda radical antisistema de la CUP, que rechaza investir a Mas. Entre la primera y la segunda votación, el presidente en funciones y candidato llegó a ofrecer a la CUP someterse a una cuestión de confianza en el plazo de diez meses y una presidencia meramente representativa y compartida, en la que cedería el protagonismo político a tres vicepresidentes: Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, como vicepresidente primero responsable de los asuntos económicos; Raül Romeva, cabeza de lista de Junts pel Sí, como vicepresidente segundo responsable de las relaciones internacionales; y Neus Munté, la vicepresidenta y portavoz en funciones del Govern, como vicepresidenta tercera responsable de los asuntos sociales. Y el ofrecimiento fue rechazado, pese a que, para la mayoría simple, bastaba con el voto de dos diputados de la CUP y la abstención de los otro ocho. En el segundo debate de investidura, Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, ya le advirtió a Mas: “No le entregue Cataluña a la CUP porque no se lo van a perdonar”.

Hasta el 10 de enero tiene de plazo el Parlament para investir a un presidente de la Generalitat y, de no hacerlo, habrían de celebrarse nuevas elecciones autonómicas. Es un escenario que no conviene a los soberanistas porque, entre otras cosas, implica que la Resolución independentista queda en nada, pendiente de la composición del nuevo Parlament. Y, a la vista de lo sucedido, podrían darse sorprendentes vuelcos electorales. Una república catalana soviética no es un futuro deseable para casi nadie. Por esta razón, es probable que en la Asamblea de la CUP prevista para el próximo día 29 se apruebe alguna fórmula que permita la investidura.

Quien hizo la ley hizo la trampa, decimos en España, y, por desgracia, la trampa legal forma parte de nuestra cultura. En eso, mal que les pese, los independentistas catalanes son profundamente españoles.