Mañana, día 9 de noviembre, vence el plazo para la investidura del presidente de la Generalitat catalana y, curiosamente, también se conmemora el primer aniversario del referéndum inconstitucional -anticonstitucional- sobre la independencia de Cataluña. Un referéndum que, pese a las promesas y las afirmaciones de Mariano Rajoy y su Gobierno, se celebró según las previsiones de los independentistas, liderados -es un decir- por Artur Mas. En su enloquecida huida hacia adelante, el cada vez más cuestionado en su propio campo presidente autonómico no ha tenido más remedio que sacrificar a Convergència i Unió, la coalición de centro derecha que, desde los tiempos de la Transición, lideró el catalanismo y el nacionalismo pactista de la burguesía y el empresariado de Cataluña; ha tenido que propiciar la práctica desaparición de la escena política de los democristianos de Unió, sus antiguos y leales socios; ha comprometido seriamente la identificación electoral con Convergència de su electorado natural y su propia cohesión interna en cuanto partido (en donde proliferan las voces discrepantes); y, lo que es todavía peor, ha puesto en manos de la izquierda su posible investidura como presidente de la Generalitat y todo el proceso unilateral independentista catalán, lo que ellos llaman “la hoja de ruta hacia la independencia”.

Y no los ha puesto en manos de la izquierda de Esquerra Republicana, que podemos aceptar es una izquierda que se mueve -con dificultades- dentro de los límites del sistema, sino de la extrema izquierda radical y antisistema de sus compañeros de Junts pel Sí y, sobre todo, de la Candidatura d’Unitat Popular, de la CUP, de cuyos votos depende. Uno de los principales líderes de la CUP advirtió hace días que, para investir al nuevo presidente, el nuevo Parlamento catalán tiene que realizar “los gestos necesarios de ruptura con el Estado español, y debe empezar a hacerlos antes de decidir quién preside la Generalitat”. Y esa exigencia de prioridad en el tiempo es la que ha motivado que la presidenta del Parlament haya vulnerado su propio Reglamento parlamentario, al convocar a la Junta de Portavoces cuando aún el Partido Popular no había constituido su Grupo Parlamentario, es decir, no tenía portavoz, porque el plazo para hacerlo no había concluido.
Se trataba de aceptar la solicitud formal presentada a la Mesa del Parlamento por Junts pel Sí y la CUP de convocatoria urgente de un Pleno del Parlamento, cuyo fin sería aprobar una propuesta suya de Resolución para declarar solemnemente el inicio del proceso constituyente que llevaría a la creación y proclamación del Estado catalán independiente, en forma de República. Y dado que el Pleno de investidura tiene que celebrarse mañana por la tarde como última fecha, la única manera de cumplir la exigencia de la CUP de prioridad temporal es celebrar ese Pleno extraordinario mañana por la mañana. Un Pleno que debatirá la moción de independencia porque ambas cosas, la celebración del Pleno y el debate de la moción, han sido legitimados por el Tribunal Constitucional. Ya la Junta de Portavoces, celebrada sin la presencia de ningún portavoz popular, y la Mesa habían acordado proseguir con la tramitación urgente del texto independentista, a pesar a los recursos de amparo de la oposición. Estos recursos de amparo fueron presentados el miércoles ante el Tribunal Constitucional por Ciutadans, socialistas y populares catalanes, denunciando la vulneración de la Ley que supone la admisión a trámite de la propuesta de Resolución independentista. A diferencia de los otros dos partidos, los socialistas no incluyeron en su recurso la petición de que se suspendieran cautelarmente los acuerdos de la Mesa que permitirán debatir y votar la propuesta en el Pleno, con lo que quedaría suspendido. A las puertas del Tribunal Constitucional, su secretario general justificó la decisión con el argumento de que sus servicios jurídicos se lo habían desaconsejado, por tratarse de una medida excepcional que previsiblemente sería rechazada. El Tribunal le ha dado la razón y, por unanimidad, el jueves no acordó la suspensión cautelar. En la práctica, la aprobación de esa cautela era la única vía efectiva para que los recursos de amparo impidieran aprobar mañana lunes la propuesta.

La suspensión cautelar de los acuerdos de la Mesa hubiera supuesto iniciar ya el enfrentamiento jurídico contra los planes independentistas. Por el contrario, el Gobierno ha manifestado su intención de esperar a que la propuesta de Resolución independentista se apruebe en el Parlament. En ese momento, la recurriría por inconstitucional y el Tribunal Constitucional la suspendería de forma automática. Y si el Parlament se resistiera a ejecutar la suspensión, se aplicarían, por primera vez, las medidas incorporadas a la Ley del Tribunal que hacen posible, entre otras acciones, la inhabilitación cautelar de las autoridades rebeldes. Al menos, mañana amanece, que no es poco, si lo grave de la situación nos permitiera recurrir al humor absurdo y delirante de la película de José Luis Cuerda. Porque ambas, la película y la situación, comparten un surrealismo propio de nuestra cultura que solo los españoles, incluyendo a los catalanes, somos capaces de entender. Y de soportar.