Al inicio de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016, los representantes de la oposición en la Comisión de Hacienda no se comieron el queso. Lo mordieron y, como no les gustó, lo devolvieron a la despensa. Los portavoces de tres de los seis grupos avanzaron ayer la presentación de sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de ley. Noemí Santana (Podemos) y Román Rodríguez (Nueva Canarias) lo anunciaron de manera explícita, mientras que Jorge Rodríguez (PP) utilizó un símil taurino: “¡Al corral!”. El Grupo Mixto (ASG) no ha comunicado su decisión, aunque previsiblemente se limitará a las correcciones parciales.
Tras entregar el viernes la propuesta a Carolina Darias, presidenta de la Cámara legislativa, la consejera Rosa Dávila compareció este martes ante sus señorías para poner letras a los números de unas cuentas públicas que ascienden a los 7.701,8 millones de euros y que crecen por primera vez desde 2011. Aparte del consabido gasto social -“Estos presupuestos sí rescatan a las personas”, replicó a Santana-, Dávila destacó que, con el 0,14%, Canarias adelanta un año el objetivo del déficit y que el de la deuda para 2018 se observa ya en este presupuesto. Lo mismo que Iñaki Lavandera (PSOE) y José Miguel Ruano (CC-PNC), la titular de Hacienda reconoció que es el “mejor posible” dentro de los “estrechos márgenes” que estableció el ministro Cristóbal Montoro. Quedó claro que al Gobierno de Fernando Clavijo le duele la regla de gasto, que, al parecer, obliga a escribir con renglones torcidos. “Forma parte de una ley de estabilidad financiera injusta”, reiteró Dávila, “porque se trata por igual a las comunidades autónomas que cumplen y a las que hay que ayudar” para que cuadren las cifras.
Después de que Román Rodríguez y Noemí Santana cuestionaran la eficacia de la política de “seguidismo” a la doctrina de la austeridad que imparte la Comisión Europea y predica el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tanto Dávila como Ruano se desmarcaron de la estrategia de huida hacia adelante de los soberanistas catalanes. “Por mucho que no nos guste lo que se nos impone”, alegaron, “vamos a ser respetuosos con la legalidad”. Y retaron a sus oponentes a explicar la teoría con ejemplos prácticos.
A pesar de la coincidencia en la consideración de que estos son unos presupuestos “malos”, los diputados de NC y las diputadas de Podemos no formaron un frente común con el PP. Compartieron diagnósticos, pero recetaron remedios distintos en términos generales. Así, hubo dos opiniones encontradas sobre la “presión fiscal”: la izquierda se quejó de que favorece a las rentas de capital y perjudica a las del trabajo, en tanto que los “conservadores” -etiqueta que colocó José Miguel Ruano, junto a la de “populistas” para referirse a Podemos- denunciaron que los canarios “pagarán más impuestos sin que cambien sustancialmente la inversión y el apoyo a los sectores productivos”. Dávila culpó a la herencia de Montoro.