Cuando la mitad de los 25.000 desempleados que tiene Santa Cruz no cobra ningún tipo de subsidio, las ayudas municipales y la Prestación Canaria de Inserción (PCI) se convierten en los dos recursos de última necesidad a los que pueden acceder para mantener unas mínimas condiciones de vida. En lo que va de año, el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) ha atendido a 13.000 personas a través de ayudas directas, mientras que, en lo referente a la PCI, anunciaba ayer el edil de Asuntos Sociales, Óscar García, el Ayuntamiento ya ha tramitado 2.000 expedientes, correspondientes a otras tantas familias, de forma que no hay lista de espera para esta ayuda. Sin embargo, también ayer el edil confirmaba que solo cuatro familias de las 2.000 que han solicitado la ayuda en 2015 están cobrando la prestación. Estos datos fueron expuestos en la Comisión de Control municipal celebrada ayer y fueron aportados por la representante de Sí se puede, Asunción Frías, siendo confirmados por García.
Según detalló el edil, en la comparecencia solicitada por Frías, “el Ayuntamiento de Santa Cruz está cumpliendo y se han tramitado todos los expedientes que estaban pendientes”. García afirmó que en julio había 3.500 solicitudes acumuladas en el IMAS, de las que 2.000 fueron informadas favorablemente por el Ayuntamiento y enviadas al Gobierno de Canarias. En la actualidad, informó el edil, son 350 las familias que cobran esta prestación y cuya solicitud se produjo el año pasado. “De esas unidades familiares, 100 ya han finalizado la ayuda”, detalló García, lo que supone que ya ha trascurrido el año de ayuda por el que se concede la PCI y tendrán que tramitarla de nuevo.
Más de 6.000 personas
Frías puntualizó que cuando se habla de 2.000 expedientes, se habla de familias, lo que supone que entre 6.000 y 8.000 personas están a la espera de recibir esta ayuda de último recurso. “Estamos ante un situación grave y vemos que no se hace ningún tipo de autocrítica sobre todo en la exigencia que este Ayuntamiento debe hacer al Gobierno regional para que cumpla con la ley”, explicó Frías. La edil de SSP exigió que sea el alcalde, José Manuel Bermúdez, el que lidere esa exigencia y demuestre que le preocupa tanto este asunto como la playa de Valleseco o el dique de San Andrés.
La edil de C’s, Reyes Dorta, valoró el trabajo del IMAS y coincidió en que es necesaria una mayor exigencia al Ejecutivo regional. Por su parte, Elena Mateo (PSOE) apuntó que el problema con la PCI es que no se presupuestó bien el año pasado y confió en que, con las nuevas cuentas de 2016, y el crédito extraordinario aprobado por el Gobierno de Canarias, se comience a dar solución a la PCI.
El concejal Óscar García concluyó su comparecencia expresando su deseo de que ese crédito extraordinario del Ejecutivo regional (por más de siete millones de euros) permita que las familias chicharreras que están a la espera puedan cobrar antes de que llegue la Navidad.