El número de trabajadores afectados en Canarias por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas bajó un 18,5% en los nueve primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2014, hasta sumar 1.701 afectados, según datos del Ministerio de Empleo.

Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos descendió un 45,3% en tasa interanual, hasta sumar 388 trabajadores. Las suspensiones de contrato afectaron a 1.154 trabajadores, un 5,7% más, en tanto que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 44,2%, hasta los 159 trabajadores.

A nivel nacional, el número de trabajadores afectados por ERE bajó un 37,9% en los nueve primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2014, hasta sumar 73.817 afectados.

Las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo disminuyeron un 48% respecto al periodo enero-septiembre del año pasado, hasta un total de 4.442, en tanto que los expedientes se redujeron un 47,2%, hasta 5.552 procedimientos.

Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos descendió un 38% en tasa interanual, hasta sumar 17.121 trabajadores. Las suspensiones de contrato afectaron a 45.829 trabajadores, un 30,9% menos, en tanto que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 56,4%, hasta los 10.867 trabajadores.

Del total de procedimientos registrados en los nueve primeros meses del año, el 92,2% contaban con acuerdo entre las partes.

Buena parte de los trabajadores afectados por ERE autorizados/comunicados hasta septiembre provenían de la industria (37.995), con un descenso del 30,5% respecto al año anterior, y de los servicios, que recortaron un 43,4% la cifra de trabajadores afectados, hasta sumar 28.603. En la construcción, los afectados totalizaron 6.102 (-50,7%) y en la agricultura, 1.117, cifra un 15% inferior a la de enero-septiembre de 2014.

CASI LA MITAD EN UN ERE ECONÓMICO
De los 73.817 trabajadores afectados por ERE hasta septiembre, el 45,8%, esto es 33.870 trabajadores, se vieron envueltos en un procedimiento por causas económicas.

Dentro de este apartado, los procesos en los que las empresas alegaron pérdidas actuales afectaron a 19.797 trabajadores, mientras que la disminución del nivel de ingresos o de las ventas afectó a 6.715 empleados. La previsión de pérdidas utilizada por las empresas para justificar un ERE afectó a 569 trabajadores, mientras que 68 trabajadores se vieron implicados en un ERE del sector público alegándose como causa la insuficiencia presupuestaria.

Por otro lado, los trabajadores afectados por ERE de causas técnicas sumaron 1.350 hasta septiembre, los afectados por causas organizativas totalizaron 7.999, los de producción ascendieron a 29.508 y los de fuerza mayor, a 1.090.

MADRID, LA COMUNIDAD CON MÁS AFECTADOS POR ERE
Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo en los nueve primeros meses del año fueron Madrid, con 12.868 trabajadores implicados (-11,5%); Aragón, con 11.673 (+112,2%), y Castilla y León, con 8.346 trabajadores afectados (-17,7%).

En todas las comunidades se registraron descensos interanuales en los trabajadores afectados por ERE hasta septiembre, salvo en Aragón, donde se multiplicaron por más de dos debido a que el número de afectados por procedimientos de suspensión de contratos (10.797 trabajadores) triplicó el de los nueve primeros meses de 2014.

El motivo de este incremento de los procedimientos en Aragón se halla en el expediente de suspensión temporal de empleo de 30 días que presentó General Motors (Opel) para su planta de Figueruelas (Zaragoza) y que empezó a aplicarse el pasado 15 de junio.

Las regiones donde más descendieron los trabajadores afectados por ERE fueron Castilla-La Mancha (-75,4%), La Rioja (-62,6%) y Comunidad Valenciana (-59,6%).

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.