A partir del próximo año, el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central comenzarán la negociación para redactar el nuevo convenio de carreteras que estará en vigor los próximos 15 años. Para ello, la Consejería de Obras Públicas ha iniciado una ronda de reuniones con todos los cabildos con el fin de que sean estos quienes establezcan las prioridades de cada una de las islas en el futuro documento, el cual marcará las cuantías y los proyectos viarios a ejecutar. Aunque aún la Institución insular tinerfeña está elaborando el listado de actuaciones a impulsar en los próximos años, entre sus prioridades se encuentra la ampliación a tres carriles de las autopistas del Norte y el Sur (TF-5 y TF-1), el tramo del anillo insular entre Santiago del Teide y El Tanque y la circunvalación en el área metropolitana.
Además, se está trabajando, algo que el Gobierno canario también comparte, en la puesta en marcha aprovechando el nuevo tercer carril en las autopistas, de impulsar carriles para los vehículos de alta ocupación y transporte público desde la capital hasta Los Realejos (en dirección Norte) y hasta Candelaria (en dirección Sur).
Para definir las actuaciones que se ejecutarán a partir de 2017, la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, junto al director general de Transportes, Elías Castro, se reunió con el presidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso. Al encuentro también asistieron el vicepresidente primero, Aurelio Abreu, y los directores insulares de Carreteras, Ofelia Manjón, Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, y Movilidad, Manuel Ortega. Tras el encuentro, que se prolongó durante más de hora y media en el Palacio Insular, Alonso declinó hacer declaraciones.
Por su parte, Chacón explicó que el objetivo de la reunión era “poner en común las prioridades que pretendemos negociar en enero con el Estado, y que los cabildos fijen en su propuesta de movilidad qué carreteras son prioritarias, en el marco del Eje Transinsular de transportes”, indicó. Precisó que se ha advertido “que las vías tienen que estar recogidas en el planeamiento insular, para que se agilicen o prioricen las que están previstas”. En cuanto al caso de Tenerife, Chacón matizó que el Cabildo “tiene claras sus prioridades y mandará su listado del orden de ejecución de las carreteras que permitirán una mejor movilidad”. Así, se prevé que este documento sea remitido en el mes de enero a Obras Públicas.
En concreto, el punto de partida del nuevo convenio son las obras pendientes del anexo II del actual documento, y 10 obras del anexo III, aunque ahora habrá que decidir la prioridad de actuación. La responsable regional recalcó que comparte el “objetivo de ejecutar un carril bus en el Norte y el Sur, hasta Los Realejos y Candelaria, pero habrá que especificar el orden de ejecución”. Explicó que básicamente, la Isla tiene tres objetivos: las ampliaciones de las autopistas destinadas a transporte público, nuevas carreteras (como la Variante de Los Rodeos y el cierre del anillo), y mejoras en las actuales vías, “pero aún hace falta el orden”.
Durante el encuentro se trataron otros temas como la apuesta por parte de ambas administraciones públicas por el impulso de la movilidad sostenible.
[sws_grey_box box_size=”100″]Chacón dice que los informes avalan el cumplimiento del acuerdo sobre el anillo
Pese a que hace pocas semanas el pleno del Cabildo tinerfeño aprobó la solicitud al Ejecutivo regional del reintegro de los cuatro millones de euros aportados por la Institución insular para la culminación del tramo sur del anillo, este asunto no fue puesto sobre la mesa en la reunión de ayer, según informó la consejera regional de Obras Públicas, Ornella Chacón. El Cabildo tomó esta decisión, después de varios amagos, al entender que el acuerdo firmado entre ambas administraciones no se ha cumplido por las distintas demoras de la obra, la cual se prevé entrará en servicio a finales de este mes de diciembre.
Pese a este versión, Chacón recordó la postura técnica-política de su Consejería, que aboga por que el convenio no estaba incumplido. Además, señaló que se trata más de un aspecto “legal y técnico que de una voluntad política”. En este sentido, la responsable regional recalcó que su departamento tiene “unos informes técnicos y jurídicos que avalan” su postura, “y el Cabildo tendrá la suya, pero no hemos querido entrar porque el objetivo es el nuevo convenio, y poner aspectos en común entre todos los cabildos”. La consejera regional señaló que tampoco se abordó en el encuentro de ayer la aportación de 15 millones de euros por el Gobierno central para comenzar en 2016 la obra del cierre del anillo. [/sws_grey_box]