POLÍTICA

La Audiencia se queja de que las entidades locales no rinden cuentas

Imagen de la sede de la Audiencia de Cuentas en Santa Cruz de Tenerife. / DA
Imagen de la sede de la Audiencia de Cuentas en Santa Cruz de Tenerife. / DA

La Audiencia de Cuentas de Canarias denuncia en su proyecto de informe de fiscalización del Sector Público Local en el ejercicio 2013 que las entidades locales presentan un deficiente nivel de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas de su gestión en el plazo legalmente establecido.

Según el citado informe, el 67% de las mismas ha rendido la cuenta general fuera de plazo, lo que supone que dichos incumplimiento se han incrementado en el 18% respecto al ejercicio anterior.

El presupuesto general del ejercicio ha sido aprobado fuera de plazo en 67 ayuntamientos, los siete cabildos insulares, ocho consorcios y cinco mancomunidades, dándose la circunstancia de que 38 corporaciones municipales y cuatro cabildos han incumplido los plazos de los distintos trámites para la aprobación de la cuenta general.

En este orden de cosas, seis ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y cuatro cabildos no han acompañado a la cuenta general con una memoria demostrativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos programados. Respecto a las elevaciones en los Presupuestos de los cabildos insulares, provocadas por distintas modificaciones de crédito, en el informe de la Audiencia de Cuentas se indica que en conjunto las corporaciones insulares tuvieron en 2013 un presupuesto agregado inicial de gastos e ingresos de 1.332,6 millones de euros, produciéndose un incremento sobre los presupuestos iniciales del 11,6%. En el caso de los ayuntamientos, en conjunto tuvieron en el ejercicio 2013 un presupuesto inicial de gastos de 1.819 millones de euros, con un incremento del 21,8% fruto de otras tantas modificaciones de crédito.

Por otra parte, las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir las relaciones certificadas de contratos, o en su caso las certificaciones negativas, en los términos establecidos en la normativa sobre contratación y en la instrucción respectiva, ya puestos de manifiesto en informes anteriores de la propia Audiencia de Cuentas.