Un bufete vasco tramita otras cinco reclamaciones canarias por ceguera

Un bufete vasco ha presentado otras cinco reclamaciones a cuenta de otras tantas operaciones quirúrgicas de retina realizadas en Canarias que han provocado ceguera y cuya posible relación con el uso del producto oftalmológico llamado perfluorooctano (comercializado como Ala Octa) investiga ahora el Ministerio de Sanidad.

Tres de dichas reclamaciones, planteadas por el referido bufete, Gómez Menchaca Abogados, están dirigidas contra el Servicio Canario de Salud por casos relacionados con el Hospital Universitario de Canarias (HUC), mientras que las dos restantes versan a cuenta de dos pacientes de sendas clínicas privadas de la provincia de Las Palmas.

Cabe recordar la existencia de una alerta médica, decretada el pasado 30 de octubre por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que prohíbe el uso del Ala Octa al detectar los profesionales un súbito aumento de los casos de ceguera en todo el país a cuenta de estas operaciones, aunque todavía no se ha confirmado una relación causal con el producto. Eso sí, los indicios existentes apuntan hacia un posible lote en mal estado del mismo, y son varios los pacientes consultados que agradecen el trato dado por los profesionales sanitarios y defienden su labor.

Sobre las tres reclamaciones presentadas ante el Servicio Canario de Salud, apuntar que en dos de ellas se solicitan 200.000 euros por cada una, mientras que en una tercera la cantidad es de 350.000 euros. La diferencia se debe a la especial gravedad de ese caso, ya que a la pérdida de visión en el ojo operado se une la enfermedad existente en el otro. De cualquier modo y a diferencia de las dos demandas que ayer anticipó DIARIO DE AVISOS, estas cantidades aún son provisionales y es más que probable que finalmente la reclamación sea mayor.
Hay que recordar que el propio Servicio Canario de Salud y el HUC ya han reconocido ocho casos de posibles afectados por este producto, un gas clave para fijar el ojo durante la operación en cuestión.

A cuenta de ello se ha creado una comisión médica nacional entre varios jefes de servicio de los 14 centros hospitalarios afectados, pertenecientes a siete comunidades autónomas. Por otra parte se investiga en los laboratorios del País Vasco la toxicología del lote del producto en cuestión en aras de dar con esa relación causal entre el uso del mismo y semejante proliferación de casos de ceguera, necrosis de la retina y/o atrofia del nervio óptico, cuando en este tipo de operaciones la incidencia de estas nefastas consecuencias se producían en apenas el 10% de los pacientes.

En la provincia oriental

En cuanto a los dos casos relacionados con sendas clínicas de Las Palmas, una de ellas denunció sus sospechas ante Sanidad, por lo que el bufete vasco se ha dirigido directamente en un juzgado de Barcelona contra la empresa distribuidora del producto, que a su vez representa a la fabricante del mismo.

En el otro caso, los abogados aludidos se han dirigido al Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria al objeto de solicitar diligencias previas para conocer el nombre de la empresa aseguradora de dicha clínica y recabar de la misma más datos sobre el historial clínico de su paciente.

“Sospechamos que hay más de 100”

“Sospechamos que la totalidad de los casos en España superan el centenar”. Quien así habla es Carlos Gómez Menchaca, del bufete de mismo nombre, que tramita cerca de una treintena de asuntos por pérdidas de visión en operaciones quirúrgicas en las que se utilizó el Ala Octa, un producto oftalmológico bajo sospecha cuyo uso ha sido prohibido en España por las autoridades. Gómez Menchaca y Abogados llevan, además de los cinco casos relatados en Canarias, otros muchos que se reparten en comunidades como el País Vasco, Castilla-La Mancha y Andalucía. Cuestionado sobre la última cifra dada por el Ministerio de Sanidad (47), el letrado entiende que tal número se ha superado ya dado que, si bien espera pocas novedades desde los centros hospitalarios públicos, “el goteo continuará por las privadas”. Para Gómez, la estrategia jurídica está clara. Entiende que en los casos públicos hay que dirigirse tanto contra la administración como contra la fabricante y/o distribuidora. Se da por descontado que, tal y como ya anunció el Servicio Canario de Salud, la administración puede reclamar a la empresa en cuestión si así lo estima adecuado. Por contra, en el caso de las clínicas privadas considera que, desde que remiten sus sospechas por el uso del Ala Octa, basta con dirigir la reclamación ante la empresa.