Con varios meses de retraso sobre lo previsto, y casi un año más tarde que otras comunidades gobernadas por el PSOE, Canarias anunció ayer que devuelve la cobertura sanitaria a aquellos colectivos (fundamentalmente personas extranjeras en situación administrativa irregular) afectados por el Decreto aprobado por el Gobierno del PP a finales de 2012.

El propio consejero de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Jesús Morera, anunció la inmediata entrada en vigor (solo queda su publicación en el Boletín Oficial de Canarias) de la orden que regula el acceso al derecho a la asistencia sanitaria “en todos los niveles”, una medida que afectará a cerca de 10.000 sin papeles en todo el Archipiélago.

Con la nueva orden, la Consejería elimina el proceso de tramitación fijado para dar cobertura a los inmigrantes sin recursos residentes en Canarias creado en 2013, como consecuencia de las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno central, además de que se simplifican los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios.

Jesús Morera avanzó que “en los próximos días” se remitirá la instrucción a los gerentes de Atención Primaria y a los centros de salud, que será donde las personas que se quieran acoger a esta medida tendrán que presentar las solicitudes, y en las próximas semanas se empezará a dar toda la asistencia sanitaria”. El consejero aclaró que hasta ahora solo se estaba prestando asistencia sanitaria a este colectivo en Primaria, pero a partir de ahora se dará en todos los niveles (Atención Especializada, Salud Pública, Rehabilitación, transporte sanitario y la prestación farmacéutica, que se establece con el 40%). “En suma, volvemos a ponerlos en el mismo nivel que el resto de los ciudadanos”, destacó Morera. Este recordó que cuando se retiraron las tarjetas sanitarias se habló de 40.000 afectados en las Islas, pero señaló que se trata de “un corte transversal”, pues las tarjetas sanitarias “se habían emitido durante mucho tiempo a personas que entraban y salían de la comunidad autónoma, por lo que esa cifra no era real”.

Respecto a cuánto supondrá esta decisión para las arcas del Gobierno canario, el consejero señaló que no hay que ver esta medida “como lo que pueda costar, sino lo que se va a ahorrar”. Afirmó, además, que no va a tener ninguna repercusión en el Capítulo 1 de los Presupuestos porque “no va a significar un aumento del personal”. “Yo quiero pensar en lo que nos vamos a ahorrar; no pensamos que sea una cuestión de gasto, sino una cuestión de justicia, de humanidad y también de salud pública”, resaltó Jesús Morera, quien no obstante reconoció que la orden no tiene un carácter retroactivo en el pago de las facturas anteriores al 15 de agosto, que se seguirán cargando a los sin papeles que fueron atendidos hasta esa fecha.