POLÍTICA

Canarias prohibirá por ley a sus altos cargos las ‘puertas giratorias’

Lo venían demandando desde hace años organizaciones civiles y políticas. Ayer, a dos días de unas elecciones generales, el Gobierno canario acordó iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley del Estatuto de Altos Cargos, que busca, entre otros fines, evitar las polémicas puertas giratorias (la incorporación de excargos públicos a consejos de administración grandes empresas).
Lo anunció ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, tras la reunión del Consejo de Gobierno, en lo que constituye, dijo, la primera iniciativa legislativa que el Ejecutivo de Fernando Clavijo emprende. Un acuerdo adoptado en víspera de la jornada de reflexión de unas elecciones marcadas por el paro y la exigencia de regeneración frente a la corrupción de los grandes partidos gobernantes. Este estatuto figuraba además en el programa de gobierno del pacto CC-PSOE.

El Ejecutivo canario pretende aprobar un texto que regule no solo los requisitos de idoneidad e honorabilidad que tienen que cumplir los cargos públicos de la comunidad autónoma, sino un régimen de incompatibilidades, deberes y obligaciones.

Afonso reconoció que la iniciativa surge por las “exigencias sociales” ¡y el objetivo es que “la gestión que desarrollen los altos cargos esté presidida por los principios de eficacia, eficiencia y prevalencia de los intereses generales, llevada a cabo con objetividad e imparcialidad, principios éticos, y que reúnan las “condiciones de capacidad y aptitud necesarias”. La norma tendrá un régimen sancionador que puede desembocar en el cese del cargo, matizó el Ejecutivo, según informó Europa Press. Asimismo el estatuto fijará “principios, valores y reglas de actuación a los miembros del Gobierno y altos cargos, para incrementar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

El Gobierno acordó además modificar el decreto que regula el Registro de Intereses de Altos Cargos para adaptarlo a la Ley de Transparencia. Así, se regula cómo se publicará la declaración de bienes y derechos de los altos cargos autonómicos, que deberá aparecer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).