“Si tan claro tiene el señor delegado del Gobierno que no hay ninguna duda sobre el deslinde que se debe aplicar en el derribo del edificio de aparcamientos, le invito a que lo haga él mismo, que es tan administración pública como el Ayuntamiento”. Así respondía ayer el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Cruz y portavoz municipal de CC, José Alberto Díaz-Estébanez, a las duras declaraciones del delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, en las que acusaba al Consistorio chicharrero de “tirar balones fuera” al escudarse en la falta de respuesta de la Dirección General de Costas sobre cuál es el deslinde a aplicar para ejecutar la sentencia de derribo que pesa sobre el mamotreto.
Díaz-Estébanez en un tono que denotaba el enfado que existe en la Casa de los Dragos con el “recién llegado” delegado del Gobierno, recordó que “el Ayuntamiento no ha sido condenado, aquí actúa como coadyuvante en la ejecución de una sentencia y tanto puede ayudar la administración pública municipal como lo puede hacer la Dirección General de Costas”. “Puede ejecutar la sentencia cuando quiera -continuó el edil-, que el Ayuntamiento, gustosamente, pone a su disposición los terrenos y toda la colaboración que necesite para que ya que lo tienen tan claro y sabe por dónde va todo, mande la orden de demolición donde él crea que debe hacerlo”.
Díaz-Estébanez reclama a Hernández Bento “seriedad”, ya que cuando dice que se ha contestado al alcalde informalmente, “no se que se ha creído que es el Ayuntamiento de Santa Cruz, si un chiringuito o qué”. “Esto es Administración Pública, donde hay una sentencia y donde además hay unos condenados; por tanto, lo que cuenta no es una conversación informal sino lo que está en los papeles y por escrito y todo lo que no sea eso, como mínimo es una chapuza”, añadió. El portavoz de CC confirmó, tal y como avanzó el delegado del Gobierno, que el Ayuntamiento ya tiene el informe reclamado sobre la situación del deslinde, un informe que, lamenta el concejal, “tampoco se pronuncia claramente sobre lo que se le pregunta, por tanto si hablamos de tirar balones fuera, como dice el delegado en sus declaraciones, habrá que preguntarle quién es el que está tirando balones fuera”.
El concejal de Infraestructuras invitó a Enrique Hernández Bento a que sí la respuesta es “el deslinde es el que está en vigor”, que diga qué línea, cuántos metros del edificio invaden la servidumbre pública y “que lo ponga por escrito y con su firma y su responsabilidad si tan claro lo tiene”. “Y si no lo sabe -añadió-, lo menos que podía haber hecho este recién llegado, por cortesía institucional, es haber llamado, si no al Ayuntamiento en su conjunto, al menos a sus compañeros de partido que llevan el área de Urbanismo para que lo mantengan informado”.
El concejal finalizó admitiendo que serán los servicios jurídicos los que estudien la respuesta de Costas e insistió en que pedirán auxilio al juzgado para que Costas especifique el punto exacto en el que se ubica el vértice en cuestión antes de tomar ninguna decisión. “Lo único que pedimos es tener plena certeza jurídica, que tengamos seguridad para cumplir la sentencia. Que que ya no hablamos de criterio político, hay una sentencia dictada en función de un suelo más o menos cercano al dominio terrestre, por tanto, díganos exactamente cuál es”, concluyó José Alberto Díaz-Estébanez.
[sws_grey_box box_size=”100″]El “error” del vértice 336, en discusión
José Alberto Díaz-Estébanez asegura que hasta en cinco ocasiones se ha dirigido el Ayuntamiento a Costas para que aclare el deslinde y el posible error, que niega Hernández Bento, existe en el vértice 336 del deslinde, y que no fue hasta ayer cuando han tenido una respuesta por escrito que “no aclara nada”. Recuerda el portavoz nacionalista que “es en un informe de Costas en el que aparece claramente y por escrito la palabra error, referido al vértice 336, en la que dice que ya ha sido corregido, en el nuevo deslinde, pero como no lo han hecho, ni nos han contestado por dónde va a ir, volvemos a las mismas, jugando al gato y al ratón”.
Díaz-Estébanez, añade una nueva duda y es que “cuando se está haciendo un nuevo deslinde, qué capacidad de actuación hay si no es con autorización expresa por parte de Costas”, se pregunta ante las pegas que la administración pone para cualquier actuación en el litoral, “y con esto se hacen los locos y que tiremos para adelante”.
Ayer, los servicios jurídicos ya trabajaban en la interpretación del informe enviado por Costas al Ayuntamiento.[/sws_grey_box]