El fuego cruzado entre el PSOE y Coalición Canaria en La Laguna a cuenta de la destitución de Javier Abreu como concejal de Aguas está permitiendo conocer los entresijos de la gestión del Ayuntamiento lagunero, tanto que ayer se hacía público que el también primer teniente de alcalde y la concejal socialista responsable de Recursos Humanos, Mónica Martín, acudieron la semana pasada a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar la situación irregular de un trabajador que ha venido cobrando del Consistorio, al menos desde 2013, a pesar de estar en prisión y, obviamente, no acudir a su puesto de trabajo. Al parecer, el empleado en cuestión presentaba partes de baja y vacaciones, algo claramente incompatible con la privación de libertad descrita. Fuentes cercanas a Javier Abreu confirmaban ayer este extremo, que con posterioridad ratificó el propio alcalde, José Alberto Díaz, a través de un comunicado, pero con el matiz de que en él se aseguraba que fue el Consistorio el que acudió a la Fiscalía a poner en conocimiento la citada irregularidad.
Las fuentes consultadas dejan entrever que la denuncia firmada por Abreu y Martín es el verdadero detonante de la destitución del primero al frente de Teidagua ya que, según señalaron (y también sostuvo el Ayuntamiento), fue el pasado viernes cuando la Fiscalía Anticorrupción comunicó oficialmente al Consistorio la existencia de la denuncia y la apertura de las investigaciones al respecto, día en el que también se hizo pública la destitución de Abreu. Por su parte, el Consistorio admite que existe un expediente abierto acerca de unas supuestas irregularidades de un trabajador municipal que se encuentra de baja de larga duración, aunque señala que “desde que se tuvo conocimiento de estas supuestas irregularidades, se dio pasos en dos sentidos, siempre en coordinación con la concejala responsable de Recursos Humanos y los técnicos del área”, reza la nota. Así, detalla que se comunicó inmediatamente a la Fiscalía los hechos conocidos para que tomara las medidas necesarias, a la vez que el 7 de diciembre procedió a “la apertura de un expediente de información reservada que permita aclarar si efectivamente en la baja de ese trabajador existe alguna irregularidad”. También señala el Consistorio que la primera comunicación de la Fiscalía tuvo lugar el 3 de diciembre vía fax y que fue el viernes cuando llegó de manera oficial. Mientras, desde el PSOE se matiza que, aunque fue el alcalde, José Alberto Díaz, el que informó a Mónica Martín sobre la existencia de esta irregularidad, no se le dio indicación alguna sobre cómo proceder, y fue la edil la que, viendo la gravedad del asunto, optó por acudir a Abreu, quien a su vez decidió ir a la Fiscalía.
Martín es la firmante de la denuncia, respaldada por Abreu, y según explican las fuentes, la situación descrita por el Ayuntamiento como baja de larga duración es para el PSOE un fraude, puesto que, señalan, se presentaron partes de baja y de vacaciones falsos. Se da la circunstancia de que familiares del implicado en esta supuesta irregularidad, al parecer la hermana y el padre del afectado, también trabajan en el Ayuntamiento, en las áreas de Personal e Infraestructuras. Esta situación irregular se produce al menos desde 2013, momento en el que estaba al frente de la Concejalía de Recursos Humanos la hoy es directora general de Seguridad del Gobierno regional, Blanca Pérez.
Ayer, el portavoz socialista en el Parlamento, Iñaki Lavandera, hacía una tibia defensa de Abreu, al señalar que le parecía “desproporcionada” la medida tomada por Díaz y anunciaba que podía tener “consecuencias”. Desde la oposición, el concejal de Unidos Se Puede Rubens Ascanio insistía en que “el pacto está roto” y a la vista de las informaciones sobre la denuncia de Abreu y Martín, “lo que parece claro es que unos y otros tienen afrentas que asumir, por tanto no parece que lo ocurrido en el último pleno justifique la decisión de Díaz”.
Reunión en Tenerife
– La mesa de seguimiento del pacto regional se reúne hoy con miembros del PSOE y de CC, aunque, curiosamente, ni Javier Abreu ni el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, están convocados. Fue el comité local de CC en La Laguna el que pidió que la situación se analizara en la mesa del pacto para saber los pasos que se deben seguir a partir de ahora con la situación creada en Aguere.
– Tanto CC como PSOE confían en poder reconducir la situación que se vive en estos momentos en La Laguna, con un Gobierno de CC en minoría y sin el apoyo explícito de los socialistas, que harían que la oposición se convirtiera en el auténtico regidor municipal al tener mayoría para bloquear o sacar adelante cuantos proyectos plantee el partido de Díaz en el Pleno municipal.