Decíamos el domingo pasado que llevamos en campaña electoral mucho antes de que haya comenzado formalmente. Y que, debido a las características del cambio político y partidista que se anuncia, y que los ciudadanos -los electores- perciben con claridad, se trata de una campaña que ha sufrido un proceso de trivialización populista muy intenso. Pero, a pesar de este proceso, que diferencia la presente campaña de las anteriores, en la actual se mantienen algunas constantes de nuestras campañas anteriores propias de nuestra cultura política, es decir, de nuestros valores y nuestros principios. Una de estas constantes es la publicación por algún medio, precisamente durante la campaña, de algún escándalo que perjudica gravemente a un partido; de presuntas corrupciones o presuntos delitos cometidos por militantes destacados de ese partido. El daño electoral puede ser considerable. Y después es irrelevante si se confirman o no esas presunciones, porque el daño ya está hecho y las aclaraciones posteriores ni valen nada ni casi nadie las tiene en cuenta. Pues bien, el escándalo de turno ha sido destapado por El Mundo y se refiere a dos destacados militantes populares, nuestro embajador en la India, Gustavo de Arístegui, y Pedro Gómez de la Serna, un diputado candidato número 2 al Congreso por Segovia.

A pesar de que los tertulianos afines siguen hablando de victoria electoral del Partido Popular, todos los datos apuntan a que será una victoria pírrica que, en la práctica política y parlamentaria, supondrá una derrota estrepitosa de ese partido, que le va a hacer perder la tercera parte de sus escaños y varios millones de votos. Y ahora el medio madrileño lo pone a los pies de los caballos y agrava un poco más su crisis política y electoral. Concretamente, el periódico denuncia el cobro por los dos políticos populares de comisiones millonarias en el extranjero, en calidad de titulares o colaboradores de sociedades consultoras, con socios locales privados, a cambio de asesoramiento a empresas españolas para conseguir contratos en el exterior; de ayudarlas a explorar e introducirse en nuevos países y mercados extranjeros, y a abrir nuevas líneas de negocio en esos países y mercados. Por su parte, ambos defienden la licitud y la legalidad de sus actuaciones profesionales, que fueron desarrolladas en el extranjero y declaradas en todo momento, y que cesaron antes de adquirir la condición de embajador, en el caso de Arístegui, y fueron previas a su condición de diputado y después expresamente declaradas compatibles con dicha condición, en el caso de Gómez de la Serna. Arístegui ha manifestado: “Fue nuestro pequeño grano de arena para sacar a nuestro país de la crisis. Estas empresas han contribuido de alguna manera a ello”, lo que puede ser verdad, pero es un mal argumento. El Partido Popular basa toda su estrategia electoral en la recuperación económica, y la lectura malévola de las palabras del embajador podría ser: “Esta gente saca al país de la crisis a base de enriquecerse con comisiones millonarias”.

El asunto viene de lejos, porque Arístegui montó su empresa junto a De la Serna cuando era diputado y portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Y, por si fuera poco, una carta aportada a la denuncia en Anticorrupción contra el embajador y el diputado habla de sobornos a directivos argelinos con pagos a través de sus familiares. El mediador del embajador y del diputado con el Gobierno de Argel explica en un correo que habría adelantado dinero a “familiares de directivos” de una empresa estatal.

Como era de esperar, Pedro Sánchez, el candidato socialista, se ha apresurado este jueves a denunciar el “escándalo” de las actividades del embajador y el diputado, y ha subrayado que “lo más escandaloso” es la respuesta que ha dado al respecto el presidente del Gobierno. Sánchez ha criticado así la opinión de Mariano Rajoy, que ha declarado que esas actividades responden a algo “absolutamente normal” porque el asesoramiento a empresas españolas en otros países es “lícito y legal”. Sin embargo, a pesar de esa licitud y esa legalidad, el ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado que existe “un procedimiento abierto” sobre el cobro de comisiones millonarias por parte de Arístegui. “El embajador hará las alegaciones que estime oportunas”, ha señalado García-Margallo.

Mientras tanto, prosigue la catarata de promesas, derogaciones, rebajas de impuestos, salarios mínimos y demás propios de la campaña. Rajoy ha prometido eliminar el IRPF para los mayores de 65 años que sigan trabajando y para quienes accedan a su primer trabajo durante el primer año. Los socialistas y Podemos han anunciado que prohibirán la salvajada medieval del llamado Toro de la Vega, en Tordesillas. Y Ciudadanos se ha metido en un jardín al proponer modificar la actual Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género “para acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo y la ineficacia de la Ley” (páginas 203 a 205 de su Programa).

¿Y Rajoy? No es cierto que viva refugiado en Doñana, soñando mayorías absolutas, viendo los debates por televisión y bajo la protección permanente de la vicepresidenta del Gobierno. Hay rumores fundados de que, sin ir más lejos, esta semana estuvo en Canarias.