Con más de 5.000 plazas sociosanitarias de déficit respecto a las ratios que marcan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OCDE, Canarias es una de las regiones con más carencia de infraestructuras para atender a sus dependientes. Así lo ha reconocido la propia consejera de Políticas Sociales y vicepresidenta del Ejecutivo canario, Patricia Hernández, y el titular de Sanidad, Jesús Morera. Por este motivo, el Gobierno ha decidido poner sobre la mesa una propuesta concreta para paliar esta situación, y así lo ha puesto de manifiesto en distintas reuniones con representantes de los cabildos insulares. Según ha podido saber este periódico, el objetivo es crear a lo largo de la legislatura cuatro macrocentros sociosanitarios en el Archipiélago, que estarían ubicados en las dos capitales de provincia, Lanzarote y La Palma. Para ello, como adelantó la semana pasada el propio presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, las corporaciones insulares podrían “cofinanciar al 50%” un nuevo plan “que dote a Canarias de infraestructuras para atender a los mayores dependientes”.
Inversiones y empleo
Alonso dijo que este nuevo plan de mejora de las infraestructuras sociosanitarias supondría un “esfuerzo importante” para mejorar plazas en aquellas instalaciones que tienen capacidad de crecimiento, de forma que si el Gobierno de Canarias “decide apostar por hacer esta inversión, el Cabildo también apoyaría económicamente ese esfuerzo”, recalcó Carlos Alonso.
En esta misma línea, la vicepresidenta Patricia Hernández confirmó la semana pasada a los consejeros insulares de Políticas Sociales que al menos el 10% del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) irá a la creación de infraestructuras sociosanitarias y para el desarrollo de la ley de dependencia, una decisión que está en manos del Consejo de Gobierno.
Hernández dejó claro que esta propuesta cumple con los criterios expuestos por el Ejecutivo, que se basan en priorizar las inversiones y la generación de empleo. “Hay una necesidad de plazas urgente en todas las islas y hay un incumplimiento constante de la ley de dependencia, que, además, ha sido cercenada por el Gobierno de España”.
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Una nueva cartera de servicios
-La Ley de Dependencia establece una ratio de al menos cinco plazas sociosanitarias por cada 100 mayores de 65 años (una por cada 20 individuos). En las Islas hay en estos momentos un total de 8.900 camas para más de 286.000 personas que superan esa edad, según los últimos datos publicados por el Istac. Ello supondría aproximadamente una plaza sociosanitaria por cada 32 personas, muy lejos de la actual media nacional e incluso de lo que establecía el antiguo Plan Gerontológico Nacional en 1993.
-Por este motivo, la redefinición del mapa de la dependencia y la discapacidad en las Islas es uno de los principales objetivos del Ejecutivo regional y de la propia vicepresidenta Patricia Hernández. Así, en las próximas semanas se pondrá en marcha una mesa de trabajo que, según Hernández, velará por un “cumplimiento igualitario” de los servicios sociales para las personas con discapacidad, “ya sean de una isla u otra, o pertenezcan a un determinado centro”. Al respecto, la dirigente socialista subrayó que en esta mesa de trabajo “también se abordarán aspectos importantes para generar una “mayor coordinación” que mejore la eficacia en el Sistema Canario de Dependencia. [/sws_grey_box]