Tras dos sesiones, una menos de las previstas, ayer quedó visto para sentencia el juicio oral sobre una pieza separada del caso Arona, en donde se juzga la supuesta trama urbanística con más de 300 licencias de obras, tras la querella interpuesta por Francisco García Santamaría, portavoz del PSOE en Arona en 2005. En esta pieza, la acusación pesa sobre el exalcalde de Arona Alberto González Reverón, para el que se pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, y el exconcejal de Urbanismo Antonio Sosa, para el que el fiscal solicita 10 años por el mismo delito y un año de prisión por malversación de caudales públicos.
Tras las rápidas declaraciones de los últimos testigos y tras descartar, tanto el fiscal como la defensa, la comparecencia de algunos de ellos, llegó el turno de las conclusiones, en el que el Ministerio Fiscal reconoció que en el caso del exconcejal de Urbanismo y Medio Ambiente en el mandato 2007-2011 “había poco recorrido” para acusarle de malversación de fondos públicos por el cobro de 398 euros de dietas por un viaje a una feria de Múnich, invitado por la empresa concesionaria de recogida de residuos sólidos. Su apoderado, Jorge Álvarez, a través de videoconferencia, reconoció que Sosa le llamó varias veces para que le pasara la factura para abonarla, pero que no llegó a hacerlo. Sosa devolvió, dos semanas después de que lo hicieran dos técnicos municipales que le acompañaron a aquella feria, el dinero a las arcas municipales. Tampoco consideró decisiva la participación de Sosa en el expediente del hotel Sir Anthony, manteniendo la acusación por la supuesta contratación a dedo de cuatro personas para Medio Ambiente, pese a que las declaraciones de los testigos, algunos funcionarios municipales, apoyaron la tesis de legalidad de la contratación, esgrimida por el abogado de Antonio Sosa, Manuel Freddy Santos, quien agradeció que el fiscal reconociera que “no hay indicios suficientes para condenar a mi representando”.
“Nunca llamé a nadie para acelerar o desacelerar un procedimiento”, afirmó el exalcalde
Bien distinto es el caso de José Alberto González Reverón, al menos según las conclusiones del fiscal Jaime Serrano-Jover, que no solo mantuvo la acusación por prevaricación urbanística continuada, sino que incluso llegó a comentar que “existen claros indicios de cohecho”, pese a que en los dos días de juicio no se llegó a hablar de los privilegios de los que disponía el regidor municipal de Arona de 2003 a 2012 (dimitió en noviembre al ser inhabilitado por otra causa) en el hotel Sir Anthony, donde podía disfrutar de dos habitaciones a su nombre, todo ello mientras se hacía la gran rehabilitación del hotel que terminó legalizándose en 2011 tras iniciarse la misma, sin licencia, en abril de 2008. El fiscal, además, insinuó que la sanción impuesta por realizar las obras sin licencia (casi 500.000 euros del 1.244.000 que se puso inicialmente) era para los empresarios del hotel un gasto mucho menor que “los grandes beneficios de no tenerlo cerrado tanto tiempo”.
La letrada Olga López Lago volvió a insistir en la nulidad del procedimiento y en la nula imparcialidad del juez instructor, Nelson Díaz. Tras hacer un extenso repaso del caso Arona 1, la abogada del exalcalde concluyó que los hechos juzgados pertenecen más al ámbito administrativo que penal, “porque no ha habido dolo”, añadiendo que “reconozco que hubo errores administrativos en el expediente del Sir Anthony, pero ninguna acción delictiva y de haberla habido sería un dolo administrativo”, señaló la letrada en las conclusiones, sobre la supuesta “prevaricación por omisión” del exalcalde en los casos denunciados, la construcción de una segunda planta de una vivienda de Buzanada de un primo segundo de su defendido, José Antonio González Costa -uno de los testigos que no compareció-, y la no paralización de las obras de reforma del hotel Sir Anthony.
Olga López Lago terminó recordando que “si mi representado hubiera querido omitir o tapar una infracción no se hubieran abierto seis expedientes, cuatro sobre la licencia y dos sancionadores”, comentó la letrada, que tras reconocer que “en aquella época en Arona la organización era cero, con problemas de trabajadores con los políticos y de los políticos entre ellos y cientos de expedientes urbanísticos amontonados”, aunque también se mostró convencida de que “alguien ha querido poner el dedo encima al Ayuntamiento de Arona”.
De los dos acusados, solo José Alberto González Reverón quiso dar su alegato final -algo que no gustó a su letrada: “Te mato”, le dijo al final-, afirmando que “un alcalde de un municipio con 170.000 habitantes de hecho no puede estar al corriente de todo”, mientras negaba que hubiera favorecido a su primo segundo o al Sir Anthony. “Nunca llamé a ningún funcionario para acelerar o desacelerar un procedimiento urbanístico, porque todo eso está reglado”, finalizó.
[sws_grey_box box_size=”100″]Hasta luego; hasta enero
Visto para sentencia, la pieza separada del caso Arona 1 queda solo pendiente del dictamen de los tres magistrados que componen la Sección Sexta de la Audiencia Provincial (María Vega, Lucía Machado y Aurelio Santana), siendo previsible que la sentencia se conozca antes del 12 de enero, cuando se inicie el macrojuicio del que se desgajó la pieza ahora dictaminada y que puede durar varios meses. Para Alberto González Reverón y Antonio Sosa la despedida de ayer fue, por tanto, un hasta enero, porque volverán a sentarse en el banquillo acusados por múltiples delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho, junto a otros 14 acusados.[/sws_grey_box]