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Más de 58.000 hogares isleños continúan sin percibir ingresos

Redesscan asegura que los servicios sociales siguen “desbordados”. / DA
Redesscan asegura que los servicios sociales siguen “desbordados”. / DA

A pesar de que algunas de las cifras y valores macroeconómicos apuntan que la crisis en nuestro país ya ha pasado, lo cierto es que todavía son miles las familias canarias que se encuentran en una situación delicadísima. En concreto, según aseguró ayer la Red Canaria en Defensa del Sistema Público (Redesscan), más de 58.000 hogares isleños continúan sin percibir ingresos y en torno a 660.000 personas están actualmente en riesgo de exclusión en el Archipiélago.

Durante la presentación de su segundo informe anual, el colectivo -formado por profesionales y entidades sociales de las Islas- advirtió de que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2016 es “totalmente insuficiente” para asumir la grave situación social que aún padece Canarias. En este sentido, una de las portavoces de la plataforma, Candelaria Delgado (también vocal del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife), recordó que con la entrada en vigor el 1 de enero de 2016 de la ley estatal de reforma local se “vaciará” de prestaciones básicas a los municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que afectará en Canarias a unos 60 de sus 88 ayuntamientos. Esto puede implicar que a partir entonces pueden cesar prestaciones municipales como las de atención a la mujer, a mayores, la ayuda a domicilio y prevención de drogodependencias, entre otras. Por ello, Redesscan exige al Gobierno central la suspensión de la disposición transitoria segunda de la controvertida ley, que es la que afecta directamente a las competencias sociales municipales, y pide financiación suficiente “y garantizada” para que los ayuntamientos puedan seguir prestando estas materias.

El colectivo también requiere al Ejecutivo del PP, y al que resulte de las elecciones del domingo, que los derechos fundamentales de las personas “no estén supeditados a las prioridades del cumplimiento del déficit”, y dejó claro que para esto último se modificó el artículo 135 de la Constitución Española el 2 de septiembre de 2011.

De igual modo, los trabajadores sociales pidieron al Gobierno de Canarias que haga público antes del día 31 el plan de actuación que tiene previsto para que haya una dotación suficiente de los servicios sociales municipales y que dicha financiación esté contemplada en los presupuestos de regionales, que se aprobarán la próxima semana.

El informe de Redesscan, entre otras cuestiones, expone que en los últimos cinco años ha aumentado en el 40% la demanda de servicios sociales en las Islas, aunque se ha reducido en 500 el número de trabajadores de este área. Además, las partidas globales para financiar los servicios públicos se han recortado en 233 millones, y únicamente en uno de cada 1.000 hogares isleños se percibe la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Por si esto fuera poco, esta solamente la cobra el 17% de la población que podría acceder a ella.

2016, otro año en “alerta roja”

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias es la tercera comunidad autónoma con la mayor tasa de riesgo de pobreza, detrás de Extremadura y Ceuta. De acuerdo con la Ley 1/2007 del Gobierno regional, uno de los requisitos para percibir una prestación, de entre 467 y 652 euros mensuales, es carecer de recursos económicos suficientes. Este último año, la renta media de los hogares del Archipiélago se situó en 23.371 euros, la tercera menor de todo el país. Ante esos datos, los trabajadores sociales advierten de que la PCI sigue manteniendo a la gente “bajo el umbral de pobreza”. Por tanto, “no tiene intensidad protectora”, agregó. Si a esto se suma la escasez de fondos para el año que viene, “Canarias seguirá en alerta roja”.