España bien merece un gesto de generosidad de los partidos con opciones de gobierno tras los resultados de los comicios del 20 de diciembre y alcancen un acuerdo que garantice la estabilidad política y no se tire por la borda el esfuerzo y el sufrimiento que han generado los recortes y ajustes derivados de la crisis económica que se resiste a dejarnos. El pueblo soberano dejó claro en las urnas la superación del bipartidismo, pero también la división de las Españas de siempre, la urbana y la rural; la conservadora y progresista, venidas a menos; y la pujanza de los partidos emergentes representados en el liberalismo de Ciudadanos y el populismo de Podemos. A mi modesto modo de entender, el problema no reside en quién debe o no formar gobierno, le correspondería a la fuerza política más votada, por lógica, sino en lo qué se juega realmente un país empobrecido por la recesión y escandalizado y aturdido por la plaga de la corrupción. La fragmentación política del Congreso de los Diputados que se constituya el próximo día 13 de enero hace inviable un gobierno estable que aguante cuatro años y, presumiblemente, en el mejor de los casos, ante la falta de acuerdo o de un posible mal entendimiento, sea necesario adelantar las elecciones legislativas para la próxima primavera. La provisionalidad en la que se ha sumido al país perjudica a los intereses generales de la sociedad española que debiera reflexionar realmente sobre lo qué quiere, si seguir los pasos de Grecia o avanzar en la senda de la recuperación económica y del bienestar perdido.