Análisis

El poder del chavismo se decide en unas elecciones inciertas

Tras dos jornadas de reflexión y en un clima de incertidumbre política y temor, e incluso miedo a la violencia que pudiera desatarse si gana la oposición, más de 19 millones de venezolanos están llamados hoy a participar en las elecciones más disputadas que se recuerdan (de las 19 precedentes el chavismo sólo perdió la de 2007 sobre el proyecto de reforma constitucional) y en las que, para un mandato de cinco años, serán votados los 167 nuevos diputados de la Asamblea Nacional (113 seleccionados de forma nominal en 87 circunscripciones y 54 en la lista de cada uno de los estados de la República, incluidos tres en representación de las comunidades indígenas.

Aunque en los comicios participa una treintena larga de formaciones políticas y agrupaciones varias, las votaciones están polarizadas entre el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus socios del Gran Polo Patriótico, con 31 partidos aliados, en su mayoría socialistas, comunistas y de extrema izquierda, por un lado, y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a 20 formaciones políticas en su mayor parte de centro y conservadoras, más algunas de izquierda, por otro. El primero tenía hasta ahora 101 diputados, incluyendo tres que se pasaron a sus filas desde la oposición.

De ganar la oposición, como pronostican las encuestas, la MUD ha prometido solicitar en tiempo y forma el referendo revocatorio del mandato de Maduro a partir de abril de 2016, en que se cumple la mitad de su estancia de seis años en el poder. Para que pueda llevarse a la práctica, la correspondiente propuesta debe avalarla un número no menor del 20% de los electores. También ha prometido la oposición decretar una amnistía general que ponga en libertad a los 80 presos políticos existentes, entre ellos Leopoldo López, condenado a 13 años de cárcel, líder de Voluntad Popular, uno de los principales partidos de la MUD.

Pero que nadie crea que un eventual triunfo opositor va a acabar con la Revolución Bolivariana. Los chavistas, con Maduro a la cabeza, ya se han encargado de reforzar el papel político del presidente, a quien, por dos veces durante su mandato, han otorgado poderes excepcionales para gobernar por decreto, bajo la sospecha de que así lucharía mejor “contra el imperialismo norteamericano y los enemigos de Venezuela”. De este modo han salido adelante más de 60 leyes habilitantes que afectan a la soberanía nacional, la independencia, la libertad, la inmunidad, la defensa, la economía, etc. y que, a juicio de la oposición, sólo se justifican por temor a la posible pérdida de la mayoría en el Parlamento y ante la eventualidad de que esa pérdida perjudique el proyecto socialcomunista impulsado por el chavismo.

No debe olvidarse que Venezuela es una república federal presidencialista y que Maduro, jefe del Estado y del Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, está obligado a rendir cuentas ante la Asamblea Nacional una vez al año y a presentar los resultados de su gestión y de la contabilidad pública, que es donde la oposición podría crearle problemas. Pero no es menos cierto que, con los actuales poderes presidenciales, el régimen podría restar poder y atribuciones a la Asamblea Nacional. Cabe recordar que cuando en 2008 Antonio Ledezma ganó la alcaldía de Caracas, Chávez logró que el Parlamento aprobase la Ley del Distrito Capital, que le facultaba para designar un ‘jefe de gobierno de Caracas’, con las competencias y los recursos que tenía el alcalde de elección popular, quien luego sería encarcelado por Maduro con falsas acusaciones.

Por su parte, el poder legislativo tiene atribuidas hasta 24 facultades, pero es en la aprobación del Presupuesto y en las funciones de control del Ejecutivo y de la Administración, así como en la posible propuesta de reforma constitucional, en el eventual debate de mociones de censura y en la autorización o no de la firma de contratos de interés nacional (en el sector petrolero, principalmente) donde los observadores prevén serios problemas para el chavismo, de triunfar la MUD en los comicios de este domingo. Pero lo que con toda probabilidad haría más daño al régimen gobernante es la remoción de los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una prolongación del poder ejecutivo y que son manejados a su antojo por Maduro y sus adláteres.

Para perjudicar en lo posible a la oposición y confundir al electorado de la Mesa de Unidad Democrática, el chavismo ha incluido en sus papeletas de voto la palabra unidad y el mismo color azul de la MUD, que al saberlo decidió distinguirse mediante el símbolo de una mano impresa en el papel. Con el visto bueno de la CNE, logró asimismo que se inscribiera el Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (MIN-Unidad), nombre similar al de la Mesa de la Unidad Democrática y con colores, nombres y eslóganes (“Somos la oposición”) casi idénticos. Por otra parte, se sabe que funcionarios y beneficiarios de subsidios y ayudas oficiales han recibido instrucciones para que voten por los candidatos del oficialismo; a los primeros se les ha exigido que lleven una foto con su propio voto como prueba de cumplimiento.

Pero la mayor manipulación se centra en el reparto territorial de escaños, la delimitación de los distritos y la proliferación de pequeños centros de votación (el 61% del total, con sólo el 22% del electorado), con muy escasa o nula supervisión electoral y frecuente predominio chavista, que condiciona a los votantes y donde resulta fácil repetir el voto pulsando la máquina correspondiente, y vota más gente sin tener registrada su huella digital, y se abren menos urnas para verificar el voto electrónico. Seis estados con numerosa población urbana, que reúnen el 62% del electorado y en los que la oposición es más fuerte, eligen a 64 diputados, mientras los 18 estados restantes, más rurales y en donde predomina el oficialismo, eligen los otros 103 representantes. Así se explica que en las elecciones precedentes el PSUV obtuviera el 48,13% de los votos, por el 47,22% de la MUD; tan escasa diferencia otorgó, sin embargo, 98 diputados a los chavistas, por 65 de la oposición.

El censo electoral, que el Gobierno se niega a hacer público e incluso niega su entrega a la oposición, se sospecha que está manipulado y puede incluir identidades falsas o duplicadas, según la Universidad Andrés Bello. Ésta también critica el abuso por el chavismo del voto asistido para personas analfabetas o con dificultades de movilidad, la presencia de chavistas encubiertos entre el personal técnico que atiende las máquinas de votación y, finalmente, las dificultades que han soportado los candidatos opositores en los cuatro estados fronterizos con Colombia en los que se elige a 19 diputados, tradicionales votantes de la MUD, donde Maduro suspendió garantías constitucionales que afectan, entre otros, a los derechos de reunión, manifestación y libre tránsito.

Además, destacados líderes de la oposición siguen encarcelados, unos sin juicio previo y otros con pleitos amañados, y aspirantes a ocupar un escaño en la Asamblea Nacional, como María Corina Machado -la persona más votada en la historia de la cámara legislativa-, fue desprovista de su condición de diputada y candidata en lo que constituye toda una persecución a la persona con mayor proyección pública entre la oposición, junto con Leopoldo López y Henrique Capriles.

Entre trampas, persecuciones, censuras y boicoteo sistemático en los medios informativos públicos, amenazas, atentados (uno de ellos con resultado de muerte), detenciones arbitrarias, insultos del oficialismo gobernante y apoyos expresos de intelectuales, dirigentes democráticos occidentales, la OEA, Unasur y del Parlamento Europeo, entre otros organismos, la oposición trata de arrebatar al chavismo una parte de su poder omnímodo. No será fácil por la capacidad de manipulación y resistencia de Maduro, aunque su imagen se haya deteriorado enormemente -de hecho lo rechaza el 64,6% de la ciudadanía- a raíz de la crisis económica (de la que es reflejo el petróleo a poco más de 35 dólares barril, una inflación anual superior al 280%, una pérdida de divisas de más de 35.000 millones de dólares en cinco años hasta apenas llegar hoy a 10.000 millones, la contracción del PIB en un 8,5% en dos años y una deuda de 16.000 millones de dólares que debe afrontar en 2016), el desabastecimiento de artículos de primera necesidad y la situación general de inseguridad ciudadana.

Sólo una participación electoral muy mayoritaria (fue del 66,45% en las anteriores elecciones legislativas, frente al 79,6 de las últimas presidenciales), una movilización masiva de la oposición y un férreo control de los recuentos de votos podría dar el triunfo a la MUD, aunque las encuestas se lo otorguen con un margen de hasta 15 puntos, según las últimas encuestas. Con la duda de si Maduro aceptará la victoria de la oposición tras las reiteradas amenazas en sentido contrario, gane quien gane, se abre un periodo de obligado diálogo político y de rectificación económica si no se quiere que Venezuela acabe cayendo en el abismo o en una confrontación aún mayor que, partida en dos, soporta actualmente.