El dardo

Venezuela o el caos

Cada vez con mayor frecuencia llegan noticias alarmantes de ese querido país hermano que es Venezuela. Las últimas informaciones se refieren a la violencia que azota la nación y a las nuevas amenazas dictatoriales de un régimen que se ha propuesto convertir la patria de Bolívar en un muladar antidemocrático. El Observatorio Venezolano de la Violencia ha anticipado que este año concluirá con 27.875 crímenes, casi un 19% de todos los cometidos en la región de América Latina y el Caribe, frente a los 24.980 de los que se tuvo constancia en 2014. Hoy en Venezuela se mata por nada. El deterioro de la situación económica, las graves dificultades para acceder a los productos alimenticios básicos, una inflación galopante que va a cerrar el año por encima del 125% -la más alta del mundo- y la ligereza con que en la etapa de Hugo Chávez se armó a más de cien mil civiles de los Círculos Bolivarianos -precursores de la actual Milicia Popular Bolivariana, que incluye al Frente Francisco de Miranda, a los Escuadrones de la Muerte y a los llamados Colectivos- han llevado a una imparable proliferación de la violencia social y de actividades criminales muchas veces auspiciadas, protegidas y financiadas por las autoridades. En medio de este ambiente, que coloca a Venezuela como el país más peligroso del mundo, el Gobierno anuncia la impugnación de los resultados electorales del 6 de diciembre en seis circunscripciones, lo que podría afectar a ocho diputados opositores. El oficialismo trata por todos los medios de evitar que el Movimiento de Unidad Democrática pierda al menos uno de los 112 miembros que logró en la Asamblea Nacional y que le otorgan la mayoría cualificada suficiente para poder bloquear la acción del Ejecutivo y los poderes del presidente Maduro. Éste ha nombrado 13 nuevos jueces del Tribunal Supremo y 21 suplentes, todos ellos adictos al régimen chavista, quienes deberán fallar sobre dichas impugnaciones. Asimismo, la Asamblea, que se encuentra en funciones hasta el 5 de enero, va a otorgar al presidente nuevos poderes para que, al amparo de la ley habilitante, pueda acaparar nuevos poderes, además de seguir gobernando por decreto durante un tiempo indeterminado. Todo vale con tal de no reconocer de hecho el triunfo legítimo que logró la oposición.