Canarias fue pionera en ofrecer la alternativa del acogimiento familiar a todos aquellos menores de edad que se encontraban en centros tutelados. Desde que ese proyecto se puso en marcha en 2012, más de medio millar de niños han pasado a ser acogidos por las denominadas familias ajenas, aquellas que no tienen relación de parentesco con el menor. Al menos medio centenar de ellos eran niños de entre 0 y 3 años de edad, sobre los que la nueva Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia -aprobada en julio- establece que no deben permanecer más de tres meses en un centro de acogida.
Una vez resuelto este problema, la Consejería de Políticas Sociales ha decidido dar un paso más en su proyecto de acogimiento familiar, con el objetivo de reubicar a los 40 niños de entre 3 y 6 años que todavía residen en centros tutelados por el Gobierno regional. Sobre estos, la ley no marca un periodo máximo de estancia en los centros de acogida, aunque sí recomienda que solo permanezcan en ellos “lo imprescindible”.
Por este motivo, la Consejería está haciendo un esfuerzo de difusión de su programa y captación de familias dispuestas a acoger a estos menores, ya que entienden que a esas edades es mejor que estén en “núcleos estables” que puedan garantizar “el bienestar, el afecto y la felicidad de los niños”. Así lo confirmó ayer la propia vicepresidenta del Gobierno y consejera regional de Políticas Sociales, Patricia Hernández, en una jornada lúdica celebrada en el municipio de Candelaria y organizada por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia con motivo de la fiesta de Reyes.
Hernández recordó que en la actualidad más de 1.500 menores se encuentran en Canarias en situación de vulnerabilidad, de los cuales 726 están en centros tutelados por el Ejecutivo. De ellos, 72 son extranjeros mayores de 12 años. “Se trata de visibilizar que estos niños están ahí”, recalcó la consejera de Políticas Sociales, quien reiteró que “lo importante son ellos, que compartan experiencias, que nos conozcan y nos conozcamos”.
En la misma línea se manifestó el director general de Protección a la Infancia, Mauricio Roque, quien manifestó que, con la nueva ley, “incluso se establecen las situaciones de pre-riesgo y riesgo, lo que abre todavía más el abanico de intervención, en beneficio del propio menor”.