La multitud de informes que el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha pedido en torno a la ejecución de la sentencia que pesa sobre el edificio de aparcamientos a medio terminar de Las Teresitas, el conocido como mamotreto, está arrojando un panorama ciertamente desconcertante entre las paredes del Ayuntamiento, con informes jurídicos que dicen que debe derribarse el inmueble en su totalidad (hasta tres) porque, por el momento, no hay instrumentos que permitan lo contrario, y con otros en los que se entra a valorar directamente el fondo de la sentencia, concluyendo que esta es inejecutable por parte del Ayuntamiento. Esto último es lo que se extrae de un cuarto documento, emitido por el área que dirige José Alberto Díaz-Estébanez, la de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio, un informe-propuesta al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, firmado por la directora general del servicio, Verónica Patricia Rodríguez, que defiende la imposibilidad de ejecutar el fallo judicial o en su defecto un aplazamiento. El citado documento, de fecha posterior al 16 de diciembre, debía ser elevado a la Junta de Gobierno, aunque a la vista de los informes de la secretaria del Pleno y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, es posible que se haya descartado.

Son varios los motivos que el área de Infraestructuras refiere como justificantes de que el Ayuntamiento no puede ejecutar la sentencia, entre ellos, que el Consistorio no ha sido condenado ni es parte en el proceso, que es viable mantener la construcción o que el nuevo deslinde que tramita la Dirección General de Costas para Las Teresitas, obliga a esperar. También que la ley obliga a la Administración local a proteger su patrimonio, y el mamotreto es parte del mismo.

Así, a lo largo de 31 páginas y apoyándose en seis fundamentos de derecho se llega a la conclusión de que el Ayuntamiento debe personarse en la causa como perjudicado dado que en este momento “se hace necesaria la defensa del patrimonio municipal”. Además, se ha de interponer un incidente de inejecución de sentencia y, en último caso, solicitar una prórroga o aplazamiento a la espera de que la Dirección General de Costas resuelva el nuevo deslinde.

En lo que sí coincide este informe con los otros tres es en que, el Plan Especial de Las Teresitas, puede ser el matiz definitivo que permita mantener el edificio, ya que “se trata de un hecho nuevo” y que dado que ya se ha iniciado, “solo sería cuestión de aplazar la ejecución hasta que hubiera una aprobación provisional del Plan Especial y se pudieran pedir las pertinentes licencias provisionales, cosa que hasta hoy no se ha hecho, para intentar mantener la infraestructura municipal”. Añade que todo esto desligando de la condena penal y en aras de preservar un patrimonio municipal en el que se ha invertido.

FUNDAMENTOS
El informe-propuesta defiende que se ha de tener en cuenta el cambio normativo sobrevenido desde que se dictó sentencia, en referencia al nuevo deslinde del frente de playa. Así, expone que el reglamento de Costas en su artículo 20 “prohíbe la realización de cualquier tipo de obra en la zona afectada por el deslinde mientras no se apruebe definitivamente, salvo, que se trate de un caso de emergencia, que no es el caso”. Por tanto, concluye que “en este momento no es posible llevar a cabo ninguna intervención en el edificio de aparcamientos…”, pidiendo la inejecución del fallo. En el fundamento segundo se expone que el Consistorio no ha sido condenado, por tanto, no debería ejecutar la demolición. En el fundamento tercero, la crítica a la sentencia eleva el tono y señala que se hace una utilización “fraudulenta” del Ayuntamiento como organismo auxiliar cuando en realidad actúa como responsable civil subsidiario. “Es llamado bajo la forma de colaborador con el juzgado, pero realmente el contenido de las obligaciones que se le imponen y la extensión y límites de su actuación son del todo equivocadas y discordantes con lo que significa la figura del que auxilia a otros”. Establece, además, que “el juzgado, declarada la firmeza de la sentencia, ha acudido rápidamente al Ayuntamiento para que coopere, lo cual no constituye sino la confesión de que la obligación que ha impuesto a los condenados es de contenido imposible para ello”.

Se pregunta el informe por qué el juzgado no ha pedido la colaboración de otras administraciones, como Costas, la Agencia de Protección del Medio Urbano o la propia Comunidad Autónoma. “Parece la confesión de lo mal enlazada que está la intervención procesal del Ayuntamiento y por ende ha de incoarse incidente de inejecución…”.

[sws_grey_box box_size=”100″]LOS OTROS INFORMES
Urbanismo. Los servicios jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo emiten un informe contundente en el que afirman que el mamotreto debe ser demolido en su totalidad, estimando que los plazos no permiten que el Plan Especial de Las Teresitas permita mantener el edificio.

Secretario. El informe de la secretaría del Pleno avala el anterior llegando a la misma conclusión de que, de momento, la única posibilidad es su demolición total.

Ayuntamiento. Los servicios jurídicos, esta vez del Ayuntamiento, sostienen que es imposible plantear incidente alguno de inejecución de sentencia y señala la demolición total.[/sws_grey_box]