El Parlamento canario ha recibido ya la notificación de la dimisión presentada por dos de los cinco consejeros de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), María José Bravo de Laguna -designada a propuesta del PP- y María Antonia Álvarez -por CC-. Si bien las dimisiones se produjeron el 22 y el 30 de diciembre pasado, respectivamente, fue este lunes 18 de enero cuando tuvo registro de entrada en el Parlamento el escrito del presidente de la RTVC, Santiago Negrín, en el que comunica las renuncias.
En una extensa carta de dimisión, de ocho páginas, Álvarez no solo se queja de que Negrín ha demostrado “una ausencia total de voluntad de cumplir la Ley” y de permitir el funcionamiento democrático del Consejo Rector, sino que además critica a los grupos parlamentarios, en unos casos por “lavarse las manos” y “mirar para otro lado” (CC-PNC, PSOE y PP), y en otros “por generar mayor inestabilidad, reclamando cuotas de poder” en dicho órgano, en lugar de “provocar soluciones” a sus problemas.
En su rosario de críticas al presidente de la RTVC, esta exconsejera lo acusa de haberse “rebelado contra las competencias asignadas [por ley] al Consejo Rector”, es decir, la administración y gobierno de este ente público. Un órgano que, según lamenta Álvarez, en casi ocho meses de mandato solo se reunió en diez ocasiones. Tal es así, señala, que “las cuestiones clave para facilitar la transición hacia el nuevo modelo [de esta radiotelevisión pública] y el cumplimiento de la Ley no se han abordado”. “En su lugar, el presidente del Consejo se ha limitado a presentar algunas propuestas insolventes y deficitarias, lejanas al cumplimiento de la Ley”, asevera en su carta. Añade que Negrín ha manejado a los demás consejeros “a su antojo”, para lo cual incluso ha “retrasado” la designación de un secretario del Consejo, previsto en la ley del ente.
Denuncia también la exconsejera que “el presidente se negó en reiteradas ocasiones a explicar al Consejo Rector qué programas se contratarían, a quién y con qué coste para la programación del cuarto trimestre”, por lo que “los consejeros y consejeras no hemos decidido la programación, ni hemos podido dictar o tutelar una nueva fórmula de contratación, tal y como mandata la Ley”. “El ninguneo” al que Negrín “ha sometido” al Consejo Rector, según expone en la carta remitida al Parlamento, llegó al punto de que de algunas decisiones los consejeros se enteraron por la prensa.
Asegura Álvarez que “a nadie le ha interesado que la Ley se cumpliera”, de modo que juzga que este asunto no ha sido prioridad “ni para los partidos políticos en el Parlamento, ni para el Gobierno regional, ni para el presidente del Consejo Rector, ni su equipo directivo, ni para la industria audiovisual”.
Reprocha en este sentido a los grupos parlamentarios el que no hayan aprobado (“ni se les espera”) los mandatos marco para la RTVC del artículo 4 de la ley que regula este medio de comunicación, en los que “se deben concretar los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendados”.
Desde su punto de vista, “los diputados ni siquiera se han preparado sus intervenciones en la Comisión de Control” y apunta que le consta que “todos los grupos parlamentarios eran conscientes desde hace tiempo de la falta de democracia interna en el Consejo Rector”.