El llamado caso Áridos comenzó y casi terminó ayer en la sala 12 del Palacio de Justicia, al recibir el Tribunal un principio de acuerdo del fiscal y la acusación particular y popular con tres de los cuatro acusados, que aceptarían la condena con una rebaja de los cinco años de prisión a 15 meses, evitando así entrar en prisión, además de una rebaja en las cantidades de indemnización por el delito medioambiental cometido por la extracción de áridos en los barrancos de Güímar desde principio de los años 90 del pasado siglo hasta 2008, cuando se clausuró la última cantera por parte del exalcalde Rafael Yanes Mesa. El juez presidente del tribunal, Joaquín Luis Astor Landete, tras dar paso a las cuestiones previas, dio tres días de plazo para presentar alegaciones y citó a todas las partes para el día 28 de enero, en que se aceptará el acuerdo, “porque quedan cerrar algunos flecos”, dijo el fiscal Jaime Serrano Jover, o continuará el juicio oral, con los cuatro acusados o solo con aquellos que no acepten el acuerdo propuesto e ideado por Esteban Sola, abogado de Antonio Plasencia.
El expresidente de la patronal de la construcción de Tenerife, uno de los empresarios más poderosos de Canarias, acepta una condena de un año y tres meses de prisión, así como pagar una indemnización de 52 millones de euros -10 menos de lo que tenía señalado-, siendo el único que dispone de ese dinero al declararse los otros tres insolventes, tanto que dos de las tres canteras precintadas están hoy en manos de los bancos. Plasencia depositó una fianza similar a esa cantidad con activos inmobiliarios embargados por la Justicia. Junto a Antonio Plasencia, ayer se sentaron en el banquillo los empresarios José Enrique Morales, Francisco Javier del Rosario Fuentes y Pedro Sicilia. Hasta ayer, tres de los cuatro acusados, todos menos Francisco Javier del Rosario -se apoya en que hasta 2008 no era el administrador de la cantera denunciada, Áridos del Atlántico-, estarían dispuestos a declararse culpables a cambio de una condena de un año y tres meses de prisión, lo que les permitiría eludir el ingreso efectivo en la cárcel por carecer de antecedentes penales y ser la pena inferior a los dos años.
El problema para cerrar el acuerdo, según manifestó Carlos Álvarez, abogado de la acusación popular y particular, tiene que ver con las dificultades de los demás acusados para hacer frente a las millonarias indemnizaciones, que inicialmente estaban cifradas en 279 millones de euros para los cinco empresarios acusados, aunque uno de ellos, Fulgencio Díaz, ya falleció, quedando sus herederos solo con la responsabilidad civil no penal.
En esta causa, la fiscalía y la acusación particular, que representa al exconcejal Francisco Javier Hernández Armas (PNC mandato 1999-2003) y Jesús Segundo Jorge Díaz, un agricultor afectado por las extracciones, solicitaban inicialmente cinco años de cárcel para cada uno de los acusados y un total de 279 millones de euros de indemnización, mientras que el Ayuntamiento de Güímar, representado por el veterano abogado José Luis Refojo, solicita como perjudicado 209 millones de euros.
Al comienzo de la primera sesión de la vista oral, el fiscal, Jaime Serrano Jover, dio cuenta de las conversaciones entre las partes para un acuerdo de culpabilidad y pidió la suspensión del juicio con las cuestiones previas a la espera de resolver “unos flecos” en el acuerdo definitivo.
Todas las partes estuvieron de acuerdo con la suspensión y el magistrado Joaquín Luis Astor, las citó para el 28 de enero, eso sí, recordando los tres días para alegaciones a las cuestiones previas y que antes del acuerdo tiene que seguir primando “la presunción de inocencia de los acusados”, si bien recomendó a las defensas que se estudiaran el auto de 6 de junio de 2008 para que “puedan ilustrarse”, con una sentencia que habló de “actividad indiciaria de responsabilidad penal justificada”.
El 28 de enero deberán dirimirse también las cuestiones previas planteadas ayer por las defensas, como la nulidad de actuaciones por presunta vulneración de derechos fundamentales hasta la prescripción del delito, o la exculpación solicitada por Rafael Vasco para su cliente Francisco Javier del Rosario, al ser el administrador de Áridos del Atlántico en aquella época.
[sws_grey_box box_size=”100″]LA SENTENCIA QUE SE ESCONDIÓ
La extracción de áridos en los barrancos de Güímar, actividad que comenzó en la década de los 70, se prolongó de los 90 hasta el año 2007 de manera ilegal, saltándose precintos y hasta sentencias judiciales, algunas de ellas incluso escondidas en el Ayuntamiento de Güímar.
Un chivatazo de un funcionario del Cabildo avisó en 1999 de que había una sentencia de 1997 de obligado cumplimiento que el Consistorio güimarero, con Vicenta Díaz de alcaldesa, no había acatado, lo que se solventó entonces con un convenio, firmado por el presidente insular, Ricardo Melchior -llamado como testigo por Plasencia, en este juicio-, que reportó 150 millones de pesetas al Ayuntamiento. El TSJC archivó el recurso de Áridos del Sur (empresa de Antonio Plasencia) a raíz del Decreto de la Alcaldía 1.269/1997, de 2 de julio, por el que se procedía a la suspensión inmediata de las obras y de las actividades de extracción de áridos en el barranco de Badajoz realizadas por esta empresa, sin que se llegara a ejecutar. Se da la circunstancia de que Áridos del Sur era una de las cinco empresas extractoras sobre las que Vicenta Díaz decretó su cierre y precinto en 1997, medida recurrida por los afectados y que no se hizo efectiva hasta dos nuevas sentencias del TSJC en 2000 y 2002.[/sws_grey_box]