El macrojuicio del caso Arona 1 continuará esta mañana con el desfile por la sala 6 del Palacio de Justicia de dos centenares largos de testigos que tratarán de acentuar o aliviar las penas a las que están sujetos 13 acusados que durante las dos últimas semanas ya declararon sentados en el banquillo.
Se les acusa de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, hechos que fueron continuados en el tiempo, aunque en este caso solo se juzgan aquellos ocurridos en el mandato 2003-2007, los posteriores corresponden al caso Arona 2, que posiblemente también sea juzgado este año.
El escándalo de corrupción en Arona surgió a raíz de la denuncia que el portavoz entonces del PSOE, Francisco García Santamaría, interpuso en noviembre de 2006 en la Fiscalía nacional, con una denuncia por la aprobación de licencias para ejecución de obras, demolición y nueva construcción, prórroga de licencias y licencias de primera ocupación con los informes desfavorables de Urbanismo, a los que se adhirió el secretario accidental, con las advertencias de ilegalidad, en la concesión de las licencias y contrataciones a dedo.
En esa primera denuncia, García Santamaría se refería a 93 licencias concedidas entre el inicio de 2004 y finales de 2006. 60 de esas licencias fueron informadas desfavorablemente por ir contra el PGO de Arona de 1987 y las otras 33 licencias fueron concedidas pese a vulnerar Leyes de Ordenación y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
A esta primera denuncia siguieron otras, impulsadas por el abogado Felipe Campos, letrado de Roberto Kragl (está llamado hoy como testigo, al retirarse como acusador), y José Antonio Reverón (Ciudadanos por Arona), entonces en el PSOE.
En total, el caso Arona 1 trata de juzgar 205 licencias municipales concedidas con los reparos o los informes técnicos contrarios y advertencias de ilegalidad, además de 75 expedientes de contratación con los informes en contra, al ser fraccionados para saltarse el concurso público. Pero también se juzga, por cohecho, al exconcejal de Urbanismo, Félix Sierra; a los técnicos municipales, Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa, así como al empresario Arsenio Zamora, al estar implicados en una supuesta trama de cobro de comisiones por tramitar licencias, según la denuncia interpuesta a finales de 2007 por el empresario José Ramón Ansorena, que aportó para ello una cinta grabada en 2002 en donde se le pedían 45 millones de pesetas para lograr una licencia que no había sido tramitada en el Ayuntamiento.
Las declaraciones
La primera táctica que utilizaron los abogados de las defensas fue solicitar la anulación del procedimiento por entender que hubo parcialidad por parte del juez Nelson Díaz en la larga instrucción (terminó en 2011), aparte de poner en duda la legalidad de las escuchas telefónicas. En este sentido cabe recordar la contumaz táctica de Olga López, letrada del exalcalde Berto González Reverón y los seis exconcejales de la junta de gobierno 2003-2007, en poner de manifiesto la supuesta animadversión del juez con sus defendidos.
Casi todos, hubo dos que se contradijeron, afirmaron que concedían las licencias con el visto bueno del secretario José Ángel Álvarez (ya fallecido), algo que no aparece en las actas, “que nunca llegaron a leer”, mantuvieron todos al unísono.
Los técnicos municipales se defendieron alegando sobre las licencias con reparos que se firmaban por “presiones políticas”, evidenciando contradicción en este asunto, mientras negaron cobrar comisiones por licencias o cobrar por lograr proyectos para los otros arquitectos que también se sientan en el banquillo, a los que les costó explicar el pago del 20% de sus honorarios a Roberto de Luis, al que algunos bautizaron como el recaudador.
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Desde hoy, un desfile de más de 250 personas
Casi con total seguridad serán menos, como así avanzó la jueza presidenta del tribunal, Lucía Machado, pero teóricamente, 252 personas están llamadas a declarar como testigos desde hoy hasta principios de mayo en el macrojuicio, a tres sesiones por semana.
Entre los testigos están citados políticos, funcionarios del Ayuntamiento de Arona y otras administraciones, empresarios turísticos y particulares que edificaron en el municipio desde 1999 a 2007, un buen número de policías locales y guardia civiles y, casi todos llamados por la defensa, otro buen número de arquitectos de toda la Isla.
El primero en declarar este lunes, a las nueve y media, será Francisco García Santamaría, empresario hostelero y portavoz del PSOE de Arona en 2003-2011, que fue el primero en denunciar el caso en la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2006, tras una reunión en la cafetería Nauta con el que hoy es socio de gobierno del alcalde socialista, José Antonio Reverón (Ciudadanos por Arona), entonces en el PSOE y que comparecerá como testigo el día 27. Entre los llamados a testificar están los empresarios Ansorena (grabaron una cinta donde se les pretende extorsionar), el exalcalde Miguel Delgado (1999-2003), la consejera insular Pino de León o conocidos hoteleros como Jorge Marichal o Pedro Suárez.
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