Democracia no es sólo votar para elegir a unos representantes que gestionen la cosa pública, sino elegirlos con capacidad y conocimientos para hacerlo. El protagonista de la democracia no es el Estado, sino el ciudadano, en tanto persona vinculada a una comunidad. Para que la democracia sea real hay que promover políticas que procuren una ciudadanía participativa, responsabilizada para ejercer el poder que en España es vecinal, provincial, autonómico y nacional.

Esta sociedad civil debe ser, además de participativa, vertebrada y dinámica, impensable sin un sistema educativo que se fundamente en la excelencia y no en ideologías, algo que no se ha conseguido en cuarenta años de la democracia que nos dimos en 1977 y sancionamos el 6 de diciembre de 1978. Un fracaso, al ignorar el aserto de Nelson Mandela de que el único instrumento válido para cambiar el mundo es la educación.

La sociedad civil española dista mucho de la articulada que impera en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países del norte de Europa. En nuestro país, “la casi omnipresencia de los poderes públicos en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos durante buena parte del siglo XX ha mantenido la actividad de los movimientos cívicos, profesionales o asociacionistas de cualquier naturaleza a niveles muy restringidos”.

Participé activamente en la vida política en un momento decisivo para dar paso a la sociedad participativa y confiar el protagonismo a una ciudadanía formada y responsable y casi cuarenta años después, cuando todo parece ser cuestionable y es cuestionado, en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, la apertura de la undécima legislatura ha rayado en lo circense. Aun así, albergo la esperanza -porque tocar poder educa- de que la Cámara, ampliada en su pluralismo, deje la pandereta y encuentre el sosiego necesario para alcanzar, entre todos, una estructura económica más competitiva, un ordenamiento jurídico más racional, una organización administrativa más eficaz, un sistema educativo más eficiente y un sistema sanitario más sostenible.

Espero asistir -si se me concede tiempo y vida- como partícipe de una entidad privada, la AECC, de carácter voluntario y sin ánimo de lucro integrada en el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) con Cruz Roja, Cáritas, ONCE y casi 30.000 más, diversas y distintas, que buscan el bienestar de las personas y la defensa de sus derechos, fomentando la participación, colaborando en la resolución de sus problemas desde la solidaridad e instando a todas las formaciones políticas a que refuercen sus estrategias en favor del bienestar social. Desde nuestro particular enfoque lo venimos haciendo desde hace 62 años pidiendo una atención al cáncer con información para prevenir, ayuda a los enfermos y a sus familiares, investigación y cuidados paliativos, tanto hospitalarios como domiciliarios.

Personalmente soy consciente de los acuciantes problemas que gravitan sobre la sociedad española, pero lo soy también de que hay que jerarquizar las prioridades del gasto público con la Sanidad, la Educación, la Seguridad y la Justicia en primer lugar y apoyándose en un sistema productivo que cree riqueza y empleo. En lo que concierne a la Sanidad, creo que el sistema sanitario que se ha venido desarrollando en España (a partir, hay que decirlo, del Seguro Obligatorio de Enfermedad creado en 1942 por Girón de Velasco en el seno del Instituto Nacional de Previsión, que lo fuera en 1906) y proporciona una cartera de prestaciones en las que poco o nada queda al margen y estoy convencido de que sostener todo esto con cargo al erario público será inviable -cada vez más-, por lo que la ciudadanía debe tener claro que serán necesarios replanteamientos

-como se han hecho y siguen haciendo en Suecia, con el entendimiento de socialdemócratas y liberales-, para hacerlo sostenible y aceptar que nada tiene que ver el “garantizar el acceso de todos a ciertos servicios como la educación y la sanidad con el hecho de que sea el sector público quien directamente los gestione”. En este acuerdo el papel de las ONG, con transparencia y objetividad, es inestimable.

La cuestión está en que a la gestión de la cosa pública lleguen personas con ideas claras y ánimo de ponerlas en práctica, disponiendo de mecanismos suficientes para evitar la corrupción. El sistema educativo y la función responsable de los medios de comunicación son claves para contar con una ciudadanía participativa que nos permita alcanzar estos objetivos.