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La fiscal se ‘arma un lío’ en el interrogatorio a Félix Sierra

Para Félix Sierra (PP), la Fiscalía pide 4 años de cárcel, 21 de inhabilitación y 500.000 euros de multa. | A. G.
Para Félix Sierra (PP), la Fiscalía pide 4 años de cárcel, 21 de inhabilitación y 500.000 euros de multa. | A. G.

Tras el extenso interrogatorio a González Reverón, que duró tres horas pese a que este no respondió a la acusación particular, llegó el turno de Félix Sierra Melo, exconcejal del Partido Popular al frente de Urbanismo entre 1999 y 2003 y de Patrimonio de 2004 a 2007, aparte de exconsejero del Cabildo de Tenerife.

Félix Sierra no recordó que en las juntas de gobierno del periodo 2003-2004 hubiera habido advertencias de ilegalidad urbanística y que en todo caso era el secretario del Ayuntamiento el que las salvaba con sus informes, y subrayó “que todas las decisiones que se tomaron en la junta se hicieron por unanimidad, fuera a favor o en contra de un expediente, porque eso estaba pactado”, manifestó a la fiscal.

Sierra negó que él hubiera solicitado primero un millón de pesetas al empresario José Ramón Ansorena, de la empresa Pruguito S.L., a cambio de dictámenes técnicos favorables para construir 206 viviendas de uso hotelero en Costa del Silencio, ni tampoco reclamó 45 millones de pesetas para facilitar la concesión de la licencia urbanística, habiendo hablado solo una vez con el denunciante.

Francisca Sánchez, que procede de la Fiscalía de Violencia de Género, se armó un lío cuando trató de demostrar el supuesto “enriquecimiento ilícito” de Sierra y se perdió en casas, fincas, asesorías y cantidades que ya están bien determinadas en el informe patrimonial que la Guardia Civil realizó en su día al exconcejal popular, quien vino a presumir de ganar actualmente como prejubilado de CajaCanarias “4.000 euros netos al mes” y de destinar el “19% a inversión”.

Preguntado sobre el delito de cohecho por el que se le acusa junto a varios arquitectos del Ayuntamiento, Félix Sierra aseveró que no le constan los hechos denunciados: “No tengo conocimiento de que hubiera técnicos que pidieran dinero por las licencias y menos en mi nombre”, explicó y en referencia a la grabación del empresario José Ramón Ansorena, indicó que lo que lo que más le molestó es que “ayudé a sus hermanos a ir en listas electorales del PP al Cabildo”, cuando poco después se enteró de que eran socios de la empresa Pruguito.