Francisco Javier del Rosario Fuentes, que actualmente regenta la cantera El Fregenal, de tratamiento de áridos, insiste en mantener su inocencia en la acusación que se le imputa por delito ecológico en los barrancos de Güímar, al igual que a los otros tres empresarios que asumieron la culpabilidad.
En este caso, Del Rosario ha preferido mantenerse en el juicio en el que ayer mismo comenzó a declarar, insistiendo ante el fiscal Jaime Serrano Jover y el acusador particular y popular, Carlos Álvarez, que “no era administrador único de Áridos del Atlántico hasta 2008”, cuando ya la cantera estaba clausurada.
La acusación recordó los 40 escritos, entre 1998 y 2008 en donde aparece la firma del acusado como representante de la empresa en convenios con el Ayuntamiento, “donde comparece como administrador único”, indicó Álvarez, algo que negó Del Rosario al afirmar que desde 1997 que entró en la empresa (entonces Jurocasa) “el administrador era mi padre y luego Miguel Reyes”, añadiendo que “mi padre nunca contó ni conmigo ni con mi hermano Julio”. Su letrado, Rafael Sancho Verdugo, trató de desmontar la tesis primordial en que se basa la acusación, insistiendo en la condición de “mandado” de su cliente.

Los primeros testigos

Tras el interrogatorio al único acusado que se mantiene el juicio oral, llegó el turno de los dos primeros testigos, ambos técnicos en materia medioambiental del Gobierno de Canarias, quienes no dudaron en calificar como “horrible” la imagen que se les quedó en su primera visita a la cantera denominada Llano 2, de la familia Del Rosario, en febrero de 1999.
“Allí no se estaba extrayendo áridos para atender la orden de restauración dictada en 1992, sino para seguir machacándolo”, dijo Fernando Domínguez.
El primer testigo fue muy gráfico al relatar que “había un hoyo horroroso, de grandes taludes, era un peligro estar allí y daba la impresión de que las plataneras que le rodeaban por uno de los bordes se iban a desmoronar”, explicó el técnico que trasladó su informe la Cotmac.
José Manuel Febles, del servicio de Impacto Ambiental, reconoció que la actividad en aquel “impresionante hoyo de 50 metros de profundidad” carecía de los informes que eran obligatorios, siendo desfavorables los que finalmente redactó la Cotmac en junio de 1999 y mayo de 2001, mientras las administraciones públicas, como el Ayuntamiento, consentían una actividad sin licencia. El juicio continuará el viernes, 5 de febrero.