La pelea de Cristo Medina para que se ejecute una sentencia favorable a sus intereses dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con fecha de 2006, le ha llevado a plantearse, después de realizar infinitas veces el camino de ida y vuelta entre los tribunales y las administraciones competentes, volver a los tribunales pero esta vez para denunciar al Ayuntamiento de Santa Cruz por su dejadez de sus funciones a la hora de ejecutar un fallo judicial que lo señala ahora como la administración competente. El conflicto en cuestión se localiza en la urbanización Tijoco, en el barrio de Tío Pino, donde una comunidad de vecinos decidió hace ya más de 20 años convertir el espacio público en frente de sus edificios en un aparcamiento privado y con él privatizar también el acceso, es decir, las calles que lo rodean, también públicas.
El conflicto entre comerciantes y vecinos se remonta a más de 20 años
Vallado del aparcamiento, postes de acceso a la entrada de la calle que lleva al estacionamiento e incluso numeración de las plazas, convirtieron en privado un espacio público que, para más inri, pertenece a Viviendas de Protección Oficial. Así lo explica Medina, dueño de un local comercial ubicado en los bajos de estos edificios y que desde el primer momento denunció esta situación por lo que afecta directamente al local, que ahora alquila, pero que, como detalla, al que no se puede acceder con coche particular porque la comunidad ha limitado el acceso. Asegura que no es el único que está en esta situación sino que la decena de locales comerciales que están en el entorno se encuentran con el mismo problema.
La pelea de Medina se apoya en la resolución que la Dirección General de Vivienda emitió en su momento instando a la comunidad de propietarios a devolver el espacio a su situación original al privatizar un lugar público sin autorización. La resolución establecía que el vallado debe ser demolido, remarcando que al tratarse de VPO, nunca se debió dejar que se iniciara modificación alguna. Fue esta resolución la que exigió Medina que se cumpliera ante los tribunales, que le dieron la razón, en sentencia firme desde 2006. Este vecino, incluso llegó a depositar en Urbanismo de Santa Cruz una parte del coste del derribo puesto que estaba dispuesto a ser él quien ejecutara la sentencia pero la Policía Local lo paralizó porque “no era el titular de la licencia”.
Medina está pendiente de una reunión con el alcalde para saber a qué atenerse
Ante la paralización administrativa volvió al juez que dictó la sentencia quien el año pasado se reafirmó en que debía demolerse todo y que tenía que ser la administración competente la que lo tirara. Esa administración, detalla Medina, es ahora el Ayuntamiento de Santa Cruz puesto que la Dirección General de Vivienda transfirió sus competencias a los municipios. Además, asegura Medina, en la trasera de este espacio privatizado se encuentra un solar perteneciente al Consistorio cuyo suelo está destinado a un centro de mayores.
En estos momentos el afectado, que ya se ha reunido con el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño y también con el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, está a la espera de que el alcalde, José Manuel Bermúdez, tome las riendas del asunto puesto que, según le han informado, como máximo representante municipal es quien tiene potestad para dar la orden de que se devuelva a su estado original el espacio en cuestión. Añade Medina que, además, ha recurrido a la Dirección General del Catastro, donde le han confirmado que las vías son públicas y que se ha hecho la división horizontal de la finca por lo que ahora son 17, incluida la que es propiedad del Ayuntamiento. Medina exige que se haga efectiva la situación de pública para toda la zona además de que se ejecute el fallo.