La totalidad de los grupos municipales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (PSC, CC, PP, C’s e IUC) respaldaron la creación de una comisión de investigación sobre el denominado caso Endesa, que ha obligado al Consistorio a abonar, el pasado 31 de diciembre, ocho millones de euros. Esta cantidad es la consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que condena en firme al Ayuntamiento a devolver los seis millones abonados en el año 2010 por la compañía Endesa, más los intereses devengados, en concepto de licencia de obra para la instalación del ciclo combinado en la central eléctrica del polígono industrial. En aquel momento gobernaba el municipio el tripartito formado por Coalición Canaria, Partido Popular y Sí se puede, y la alcaldesa era la nacionalista Carmen Nieves Gaspar.

En la moción, presentada por el concejal de Ciudadanos, Arquipo Quintero, se acusa a las tres formaciones políticas reseñadas de “establecer una estrategia de ocultamiento de información o informaciones a medias, lo que resulta intolerable para la administración”. No obstante, en su intervención en el Pleno, el edil se mostró más conciliador. “Esta comisión no quiere juzgar a nadie, para eso están los jueces; queremos tener acceso a los expedientes para hacerlos públicos, con el objetivo de saber dónde se produjo el error para que no vuelva a ocurrir en el futuro”.

José Domingo Regalado, portavoz de Coalición Canaria, acusó a Quintero de contradecirse con la moción. “Nos dice que no quiere juzgar a nadie y en la moción acusa al tripartito de ocultar información; nos dice que es para obtener información y pide dar traslado al juzgado de las conclusiones”, señaló. “¿Por qué no llevamos el expediente a la Fiscalía?”, preguntó. “Yo lo tengo claro”, remató. Regalado reconoció la gravedad del pago de más de ocho millones de las arcas municipales, “pero también son graves otras cosas (en alusión a las imputaciones del alcalde y dos concejales) y no se han pedido comisiones de investigación”.

El Partido Popular, a través de su portavoz, Marcos González, defendió la actuación del equipo de gobierno en el período 2007-2011, y de los funcionarios municipales. “Hay grandes técnicos en este Ayuntamiento que se han dedicado a trabajar para que toda la información llegue mascada a los concejales”. También manifestó que el dinero ingresado en su día por Endesa “se utilizó en inversiones para el bien del pueblo”. Por último remarcó que el PP no tiene nada que esconder “y si me tengo que unir a algún partido y llevar el tema a la Fiscalía, me uno”.

El único concejal de IUC, Félix Hernández, consideró la comisión una “muy buena idea por cuanto es una herramienta que sacará la verdad a la luz. De lo que se trata es de desnudar el expediente y traer sus conclusiones al Pleno”. También lamentó la actuación del gabinete de abogados contratado entonces por el Ayuntamiento. “Ahí hay una responsabilidad”, advirtió.

Por parte del actual grupo de gobierno intervino el edil socialista Nicolás Jorge, que destacó “la poca claridad” en diferentes aspectos del expediente, “como emplear el término autoliquidación, que no procede, o cuando Antonio Cabrera, concejal de Sí se puede, hablaba de tasas cuando se trataba de una liquidación de impuestos”. En ese sentido se mostró partidario de “examinar los expedientes y aclarar responsabilidades”. Finalizó su alocución manifestando su preocupación por la “inestabilidad presupuestaria que ha creado en un Ayuntamiento que está saneado”. “Esta circunstancia obliga a hacer recortes en el próximo presupuesto”, sentenció. A pesar del intenso debate en el salón de plenos, todos los grupos respaldaron la creación de la comisión de investigación.

[sws_grey_box box_size=”100″]Las comparecencias serán voluntarias

La comisión de investigación se constituirá en un plazo de 15 días desde la aprobación en Pleno y sus trabajos tendrán una duración máxima de cinco meses. Los grupos municipales deberán indicar los miembros que formarán parte de la misma, en función del reparto aprobado: el Partido Socialista contará con tres miembros, Coalición Canaria con dos, el Partido Popular con uno y Ciudadanos (Grupo Mixto) también con uno. Se trata de la misma proporción establecida para las comisiones informativas. Se podrá solicitar la comparecencia, que será voluntaria, de técnicos, funcionarios municipales, personal laboral y excargos públicos. Las conclusiones se trasladarán al juzgado competente, si se aprecia algún tipo de irregularidad. [/sws_grey_box]