Al final va a resultar más sencillo montar muebles en casa que interpretar el estado contable de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Audiencia de Cuentas (ACC) ha pedido al Gobierno regional que revise el manual de instrucciones del sistema informático utilizado para “la contabilización de la gestión económico-financiera”. En su informe de fiscalización correspondiente a 2014, la ACC indica textualmente: “El Sefcan no cuenta con unas instrucciones específicas que regule la operatoria contable”. Con un lenguaje barroco, este órgano auxiliar del Parlamento se queja de que no facilita la labor al usuario y cuestiona la seguridad en el uso de la herramienta. En consecuencia, reclama “una mayor eficiencia en el control ejercido por la Intervención General”. Esa guía debería regular informaciones como “la fecha de registro, el número del documento y los saldos inicial y final”.
La Audiencia de Cuentas ya constató en 2013 que “los procedimientos y procesos que se ejecutan a diario con el Sefcan” carecían del “sustento normativo adecuado”. En aquel documento específico se concluía que la normativa reglamentaria del Sistema Informático Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias (Piccac) era “de imposible aplicación al Sefcan”. Al parecer, “la mayoría de las operaciones que soporta este último difieren sustancialmente del primero, asegura una vez culminada su intervención fiscalizadora efectuada entre los meses de febrero y marzo pasados”.
Entre las recomendaciones formuladas para corregir las deficiencias detectadas entonces , la ACC sugería mejorar la redacción del teleproceso. “En más de una ocasión”, observaba, “el mensaje, más que ayudar, produce una desorientación tal que retrasa [la operación] en exceso”.
Gestado en el seno del Gobierno de coalición entre CC y el PP, con el hoy ministro en funciones José Manuel Soria como consejero de Economía y Hacienda, y el actual portavoz del grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, al frente del departamento de Presidencia, el Sefcan vio la luz el 24 de noviembre de 2009 mediante un decreto. Nacieron gemelos: también salió del vientre del Ejecutivo de Paulino Rivero el del Servicio Canario de la Salud (Taro), en vigor hasta el 1 de enero de 2015. Oficialmente, el Sefcan costó 17.406.754 euros.
Se trataba de “definir métodos de actuación en materia económico-financiera que comuniquen flexibilidad, capacidad de respuesta y eficiencia a la Administración en su conjunto”. Otro objetivo consistía en “disponer de una arquitectura tecnológica alineada con las últimas tecnologías del mercado, con capacidad de crecimiento funcional y tecnológico y que sea accesible para el usuario y el ciudadano”. El proyecto avanzaba, asimismo, hacia la eliminación del soporte papel. Se olvidaron de explicar cómo funciona.