El dardo

Servicios Sociales

La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, ha propuesto la creación de una tarjeta individual de derechos sociosanitarios al amparo de la futura Ley de Servicios Sociales, sobre la que ya existe un documento de trabajo. Se pretende que esta nueva norma blinde los derechos sociales y -en palabras de la vicepresidenta- que los ciudadanos sepan quién tiene la competencia sobre el correspondiente catálogo de servicios y adónde han de acudir para recibir las correspondientes prestaciones. Tengo serias dudas de que las Islas necesiten no sólo esa tarjeta -¿para qué si la asistencia tiene carácter universal y gratuito?- y que sea necesario renovar la Ley de Servicios Sociales de 1987, que cumple -hasta donde es posible financieramente, no bajo el punto de vista político o administrativo- los objetivos que se marcó en el ámbito competencial de la comunidad autónoma, es decir, cuidar los servicios sociales y la asistencia social; las asociaciones de carácter asistencial y fundaciones; la promoción, integración y reinserción social; la prevención y tratamiento de la delincuencia y la discriminación; la promoción del bienestar familiar, de la infancia, la adolescencia, la juventud y la vejez; la atención a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, así como a drogadictos y personas dependientes; prestar ayudas económicas y a domicilio; el montaje de redes y centros de servicios sociales comunitarios y de programas ocupacionales de rehabilitación social, prestar ayudas en situaciones de emergencia social y ante cualquier tipo de marginación social, etc.

El Gobierno autónomo, los cabildos y, sobre todo, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes juegan un papel esencial a estos efectos. Pero si no hay dinero -y no lo hay en la medida necesaria-, y la voluntad política de obtenerlo y repartirlo brilla por su ausencia, de poco sirven las buenas palabras ante la tozudez de los hechos. Si lo importante es la lucha contra la desigualdad, la exclusión social y la pobreza, cada administración debe atender sus responsabilidades, empezando por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que según la Fecam tiene paralizados sus servicios, los programas de empleo y la descentralización en momentos en que resultan más necesarios que nunca.