Restaurar el daño medioambiental causado en los barrancos de Güímar durante más de treinta años ha sido la principal pena a la que se enfrentan los tres empresarios ya condenados en el caso Áridos.
Ellos tendrán que hacer frente a esa restauración que sin embargo planeará y ejecutará, con las millonarias cantidades que reportarán las indemnizaciones, el Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Güímar, según dicta la sentencia.
Tres administraciones que tendrán el deber de regresar el terreno a su estado original antes de que fuera objeto de una extracción de áridos descontrolada, que produjo hoyos que alcanzan los 80 metros de profundidad y diámetros superiores a la longitud de un campo de fútbol, y que varió hasta el cauce del barranco de Badajoz produciendo desprendimientos en vías y afectación en fincas agrícolas.
Lo paradójico de todo ello, es que serán las administraciones que hicieron la vista gorda con esas extracciones, que se lucraron también de la actividad ilícita y que no cumplieron con la vigilancia medioambiental que se les requirió desde 1992, las que ahora tengan que elaborar un plan para devolver a su estado natural el suelo desaparecido y no volver a poner las zorras a cuidar las gallinas.