Otras coordenadas

Los actores del mamotreto

El 90% de la gente que conozco y pregunto en relación al mamotreto de Las Teresitas está de acuerdo con mantener y acabar el parking subterráneo público para el servicio de la playa de Santa Cruz. Con ello expreso mi desconcierto en relación a la distancia que separa a la sociedad civil de la política que nos gobierna. En este caso y de forma muy gráfica se escenifican las razones de la misma. No acabo de entender, y lo vemos en medios estos días, que el propio Ayuntamiento de Santa Cruz ofrezca tres posturas distintas, con informes jurídicos a la medida. La de la Gerencia de Urbanismo, sostenida en un insólito informe de escaso nivel jurídico, que aboga por demoler no sólo la esquina fuera de ordenación, sino el total de la obra con licencia. La del alcalde, que juega a dos bandas y tiene preparados dos proyectos, para demolición de la esquina o el total, y que remite sin embargo cualquier acción a la decisión previa de Costas. Y una tercera de estos días del Área de Infraestructuras, que con un amplio informe jurídico, sostiene la tesis originaria del Ayuntamiento de la imposibilidad de demoler nada previo a la resolución de Costas y defender el resto que tiene Marco Urbanístico y Licencia. Refuerza la tesis con la obligación municipal de defender su propio patrimonio, o sea el de todos. El Plan Especial de Las Teresitas en marcha legaliza el resultado. Explicamos por qué en esta obra los actores han perdido los papeles.

Primer actor: Las Administraciones. Que vienen actuando en su triple escalón municipal, autonómico y nacional, donde tienen competencias compartidas en costas, planeamiento y legislación. El caso Mamotreto es consecuencia de un grave error de “lealtad institucional”. El mamotreto se construye luego del Concurso Internacional de la Playa de Las Teresitas, ganado por el francés Dominique Perrault, con contrato vigente a la fecha. En origen, Costas, Autonomía y Ayuntamiento acordaron modificar el deslinde, lo que nunca se hizo, al margen del error del originario tampoco resuelto hoy. No habría caso Mamotreto si las Administraciones hubieran resuelto en su momento el deslinde.

Segundo actor: Los partidos. Junto a la crisis económica y el paro, los partidos son vistos en las encuestas como el tercer problema del país. Hipótesis que confirma el mamotreto. La finalidad de su acción política es servir al ciudadano de Santa Cruz, que quiere conservar y ha pagado el mamotreto. No es ajeno por ello el pasado resultado electoral al caso que nos ocupa. Que si bien ha expulsado del Gobierno a los elementos más discordantes, no ha restablecido el lógico equilibrio entre partidos y Administración. Los de la oposición en sus juegos internos, inconscientes del mal causado unos y en las derivas de una acción pública sin fines propios, los otros. Este juego perverso de los partidos viene desconfigurando la acción municipal y la de los propios funcionarios. Desconfiados del sólido soporte que ofrecería una Administración que estuviera al servicio del ciudadano y que no desplazara las responsabilidades al ámbito funcionarial.

Tercer actor: La Justicia. Francisco Sosa Wagner, Eduardo García de Enterría (†) y Tomás Ramón Fernández, catedráticos de Derecho Administrativo, han venido defendiendo que deben ser los juzgados de lo Contencioso Administrativo, antes de que se eleve al ámbito penal, quienes valoren el presunto delito del prevaricación, de las posibles actuaciones del cargo público. Doctrina avalada por el Tribunal Constitucional, que viene fallando desde hace años, sobre el deber de los tribunales penales para plantear cuestiones prejudiciales, para no vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Ya que si esta cuestión es determinante de la culpabilidad o inocencia, el Tribunal Penal debe suspender el procedimiento hasta su resolución firme en el ámbito administrativo, tal y como señala la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. En nuestro caso no puede ser más claro, cuando no está concreto el deslinde que debe determinar Costas, lo que es la cuestión fundamental del asunto. Máxime cuando la legislación de Costas obliga a la paralización de cualquier acto, entre ellos la demolición, hasta tanto se resuelve. Igualmente, la Legislación del Suelo siempre elige de los daños el menor y permite siempre legalizar. Lo cual en el caso de los bienes públicos, se refuerza con la Legislación de Régimen Local en salvaguarda de los mismos. En la obra a la que asistimos, Administraciones, partidos y Justicia, no están a la altura de su público. Algo pasa que no aciertan. Leyes claras, lealtad institucional, seguridad jurídica, incentivos a la inversión, refuerzo de la sociedad civil, todo ello obliga a la reducción de la Administración, sus impuestos y avanzar en la simplificación administrativa. Descargar la agobiante acción de los partidos y su justicia.

*arquitecto y urbanista